Oviedo liquida el ejercicio 2002 contra el criterio del interventor

El Ayuntamiento de Oviedo, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha aprobado las cuentas de 2002 pese a las denuncias de irregularidades del interventor general. Para salvar el escollo, se designó interventor accidental, sin autorización de la comunidad autónoma, a un funcionario que no es habilitado nacional.

Tanto el Gobierno del Principado, del PSOE, como la oposición municipal (PSOE e IU), tachan de ilegal el nombramiento. Un informe de Pablo Trillo, director general de Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas, en manos del PP, va en la misma dirección. Según el ministerio, el Ayuntamiento de Oviedo debía haber solicitado un informe previo a la comunidad sobre la validez, necesidad e idoneidad del nombramiento de un funcionario sin rango de habilitado nacional. El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, dice que todo es legal y reta a la oposición a ir a los tribunales.

El conflicto es el último episodio de las fortísimas tensiones en torno a la situación económica y la contabilidad del Ayuntamiento. El interventor general, Pedro Olalla, se acogió a una baja laboral 48 horas antes de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas, en la que el PP, con el voto en contra de la oposición, aprobó la liquidación del ejercicio 2002. Las cuentas presentan un supuesto remanente de tesorería de 21,17 millones de euros, cuando el interventor general asegura en su informe que apenas supera los 3,19 millones.

Olalla había denunciado fechas antes, en un escrito dirigido al alcalde, supuestas irregularidades en la liquidación de las cuentas de los dos últimos años, así como presiones a los funcionarios que controlan la gestión económica municipal. Olalla acusó directamente al concejal delegado de Personal y responsable de Economía y Urbanismo, José Agustín Cuervas-Mons, y a su antecesor, Jaime Reinares.