El trato de la ley antiterrorista con las familias de los detenidos

Desde hace tiempo se ha hablado mucho de la ley antiterrorista, pero quizás la opinión pública no conoce con detalle cómo afecta la aplicación de la ley antiterrorista a las familias de los detenidos, y como por desgracia lo hemos vivido en primera persona, queremos explicar nuestras vivencias de esta situación.

En este artículo sólo hablaremos de este aspecto, ya que es del único que podemos hablar de forma objetiva, lo cual no significa que haya otros aspectos mucho más importantes y que cada uno tenga su opinión. Para borrar cualquier equívoco, vaya por delante nuestra clara posición en contra de todo tipo de violencia, venga de donde venga, y a favor de buscar siempre vías de consenso y de diálogo para buscar soluciones a los conflictos.

Los hechos son los siguientes. El martes de la semana pasada una amiga nos llamó por teléfono para informarnos de que posiblemente nuestro hijo mayor había sido detenido en una redada de anarquistas en Barcelona. Inmediatamente llamamos a la Guardia Civil para saber si realmente nuestro hijo estaba entre los detenidos y contestaron que no podían facilitar esa información, ni confirmar ni desmentir, y que volviésemos a llamar al día siguiente. Les contestamos que habíamos oído la noticia y algunos nombres en el telediario pero sin prestar atención, por lo que les suplicábamos que nos dijeran si estaba nuestro hijo. Por respuesta obtuvimos la misma negativa.

Posteriormente en un canal de televisión vimos unas imágenes donde reconocimos a nuestro hijo con las manos atadas, tumbado en su cama con la cabeza para abajo y tapada y reconocimos su mesita de noche, por lo que salimos de dudas con un gran sobresalto.

Al día siguiente compramos los periódicos y observamos que en unos cuantos casos, no en todos, daban la relación completa de los detenidos con el nombre y apellidos, edad y lugar de nacimiento. Es decir, que la información que se nos negaba a los familiares, los periodistas podían obtenerla sin problema e incluso sin filtrar nada la publicaban con la afiliación completa de los detenidos, todavía no procesados.

Esta falta de información oficial sobre la situación de nuestro hijo continuó los siguientes días, incluyendo el importante quinto día, que corresponde al auto de primera instancia de la Audiencia Nacional de Madrid, donde el juez tomó declaración a los procesados y adoptó una resolución de libertad en un caso y de prisión incondicional en los otros cinco casos. Ningún organismo oficial ni el abogado de oficio que asistió al acto nos comunicaron que se realizaba este importante evento donde se podían adoptar tres determinaciones: libertad sin fianza (como así fue en un caso), libertad con fianza o prisión incondicional. Ningún organismo nos informó cómo se hace para pagar una fianza (cheque, al contado, transferencias...) si fuera el caso, ni cuáles son las posibles cuantías que se pueden aplicar. Evidentemente, por amistades e informaciones de nuestros abogados, supimos con antelación el día (no la hora) del acto de la Audiencia Nacional y que era mejor llevar en metálico hasta 30.000 euros para una posible fianza, y así lo hicimos con el apoyo de amigos.

El día de la Audiencia Nacional lo pasamos en la calle (de 9.00 a 19.00 horas) en compañía de los otros familiares y algunos amigos y no sólo no pudimos entrar en el edificio para esperar el veredicto, sino que los policías, por dos veces y de forma muy dura y tajante, nos exigieron retirarnos de los alrededores y recular metros hasta las escaleras de una cafetería, con obligación de dispersarnos como si fueramos un grupo peligroso.

Finalmente, cuando se acabó la actuación pudimos entrar en la Audiencia Nacional, donde por cierto estaban los periodistas acomodados en una sala ad hoc esperando el resultado, y a las 20.00 horas pudimos visitar a nuestro hijo cuando se levantó la incomunicación.

Dicho esto nos preguntamos: por qué son tan crueles con las familias; por qué no son capaces de informar a las familias de su detención mientras los periodistas tienen acceso a esta información que se niega a la familia; por qué parte de la prensa publica la afiliación completa de los detenidos cuando todavía no están condenados (recordamos que uno de ellos salió en libertad sin fianza); por qué no se nos informó ni del día, ni de la hora del acto ni de la resolución en la Audiencia Nacional y, en cambio, los periodistas lo conocían perfectamente; por qué no se nos comunicó cómo se debe hacer una fianza en sábado ni cuáles son las cantidades en caso necesario. No entendemos el trato vejatorio en los alrededores de la Audiencia Nacional cuando esperábamos poder visitar a nuestro hijo. Todos estos hechos no tienen nada que ver con el proceso judicial y en cambio hacen un gran daño a las familias de los detenidos.

Sólo en unas mentes sin adjetivos que piensen de las familias que "alguna cosa habrán hecho por activa o por pasiva" (como así deben pensar de las mujeres que violan y asesinan) se puede entender un comportamiento igual de la ley antiterrorista con las familias de los detenidos.

Estamos convencidos de que estas vivencias no son en absoluto un caso particular, y por desgracia ha pasado antes de ahora con los familiares, está pasando en estos días y esperamos que no continúe pasando en el futuro, y éste es el único deseo que nos ha motivado a hacer público este íntimo dolor que hemos padecido por el tracto recibido.

Monserrat Aragay y Joseba Quevedo son, respectivamente, maestra de educación infantil y catedrático universitario