Azkarraga dice que el Supremo actúa políticamente y movido por la venganza

El auto del Tribunal Supremo que declaró el miércoles nulos cinco acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco y su Junta de Portavoces es "una resolución de carácter político sustentada básicamente en la venganza". Así se expresó ayer el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, que deseó además al presidente y a los miembros del tribunal "que sean recompensados por el PP por este tipo de decisiones", en una nueva alusión a la instrumentalización del poder judicial por el Gobierno central que el Ejecutivo autonómico sostiene se está produciendo en el enfrentamiento con el Parlamento vasco.

Azkarraga dejó caer la mayor carga de esa culpa sobre los propios jueces: "Fundamentalmente, es responsabilidad de quien se deja manipular por la política y los políticos, incluido el propio presidente del Tribunal Supremo". El consejero aprovechó para recalcar la reivindicación nacionalista de "un sistema judicial vasco, con funcionamiento autónomo". "A la vista de lo que estamos viendo, mal lo tenemos que hacer para hacerlo peor que la justicia española", afirmó.

El pronunciamiento del consejero Azkarraga suplió la falta de reacción de los órganos de gobierno de la Cámara vasca que guardan silencio hasta tener comunicación oficial del auto.

Fuentes jurídicas del Parlamento vasco señalaron ayer a este periódico que los efectos prácticos del auto del Supremo "serán cero". En esos mismos medios se interpreta que el Supremo persigue sobre todo proporcionar argumentos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la querella contra los tres miembros de la Mesa de la Cámara que han bloqueado la disolución del grupo de la ilegalizada Batasuna.

El tribunal vasco no ha llamado todavía a los querellados: el presidente, Juan María Atutxa (PNV), el vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA), y la secretaria segunda, Conchi Bilbao (EB-IU), pero se espera que lo haga en breve.

IU promoverá este mes un pronunciamiento parlamentario en favor de un conflicto de jurisdicción, que tendría que ser presentado por el Gobierno vasco.