De Miguel apunta hacia las ONG y las empresas para complementar las deficiencias en política social

La responsabilidad de atender a las necesidades sociales no es exclusiva de la Consejería de Bienestar Social, ni siquiera del resto de administraciones públicas e instituciones, sino también de "todas las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, empresas, agentes sociales y el conjunto de la sociedad". Así lo entiende la responsable de la consejería, Alicia de Miguel, que ayer compareció en las Cortes para exponer los proyectos de su departamento para los próximos cuatro años, y afirmó que "es indiferente que la gestión de los servicios sea pública o privada, porque lo que interesa es la calidad del servicio".

La consejera, que apenas se detuvo en los problemas relacionados con la falta de fondos de la Prestación Económica Reglada (PER) -las ayudas destinados a familias sin recursos-, anunció la creación de la ley de rentas mínimas garantizadas, además de otra normativa reguladora de los servicios públicos de transporte adaptado; la modificación de la ley de la infancia "para proteger a los menores en la sociedad de la información"; la reforma de la ley de participación juvenil, y la creación, con rango de ley, del Consejo de Mayores de la Comunidad Valenciana. Junto a ello anunció la puesta en marcha de un sistema para los centros de día similar al bono-residencia, unos "mini centros de día" para mayores y dependientes moderados en pequeños y mediados municipios, y el desarrollo del catering social para mayores; además de una decena de planes: de deporte adaptado, de empleo para discapacitados o de parques accesibles.

La diputada socialista Nuria Espí censuró que la retahíla de propuestas, observatorios, planes, programas y redes que planteó De Miguel no vayan acompañados de compromisos presupuestarios. En este sentido, criticó lo que denominó "zapaplanes", en referencia a iniciativas como el Plan de Familia o el Plan Gerontológico impulsados bajo los gobiernos del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que "se crearon sin presupuesto". Espí también cargó contra la falta de fondos existente en programas como el PER que ha dejado "desatendidas" a familias en riesgo de exclusión. El diputado de L'Entesa Ramón Cardona también hizo alusión a este hecho, así como la "tendencia de descomposición institucional del sistema de bienestar social" que caracteriza a los gobiernos populares, un hecho marcado por la introducción del sector privado que permite a las empresas "ganar dinero a costa de la necesidad y del dinero público".