Arzalluz dice que el referéndum del 'plan Ibarretxe' se celebrará salvo que "desplieguen a la Guardia Civil"

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, aseguró ayer, en consonancia con la ponencia política que discutirá su partido en enero de 2004 en la Asamblea General, que no hay posibilidad de vetos en clave democrática al planteamiento del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de consultar a la sociedad vasca sobre su plan. Y que, a su juicio, la única oposición desde el Gobierno central sería la sustentada en la fuerza.

"Cuando llegue [la consulta], y yo creo que llegará, a no ser que desplieguen a la Guardia Civil, será concretamente una especie de moción de confianza. Se va a presentar [Ibarretxe] ante el pueblo con una propuesta concreta y, aunque todos los cauces de Madrid estén cerrados, el pueblo tiene cosas que decir y se encontrará de qué manera utilizar su voluntad", indicó en una entrevista en Euskadi Irratia.

Aunque el lehend

akari ha dejado claro en todo momento que la consulta a la sociedad vasca, prevista para la primavera de 2005, se realizará en "ausencia de violencia", Arzalluz apuntó que también se podría realizar aunque persista la violencia terrorista. "Todas las consultas realizadas aquí, como las de la Constitución o la del Estatuto, se hicieron con plena violencia". Y se preguntó si "eso quiere decir que ésta no valdría y aquéllas sí".

Arzalluz aventuró que aunque el Gobierno del PP responda con un recurso ante los tribunales, una vez se conozca el articulado de la propuesta del Ejecutivo vasco, tal y como anunció el portavoz del Gobierno central, Eduardo Zaplana, ellos le harán frente porque "tienen alternativas preparadas". Arzalluz reconoció la dificultad de poner en marcha un consejo de partidos nacionalistas como el que recoge la ponencia política de su partido.

Por otra parte, la Diputación de Álava, gobernada por el PP, aprobó ayer una declaración institucional en la que advierte de que "no puede permanecer impasible" ante el plan Ibarretxe, informa Eduardo O. de Arri. "Sin perjuicio de esperar a conocer el texto articulado", el próximo 25 de octubre, el Gobierno foral expresó su "suma preocupación" porque "plantea la derogación del Estatuto". La Diputación asegura, además, que el proyecto ya está generando "incertidumbre e inestabilidad política".

El diputado general, Ramón Rabanera, recordó que Álava tiene una "mayoría social constitucionalista" y que "mientras exista el plan, el mundo nacionalista no gobernará" en la provincia.