Méndez de Vigo representará a la Eurocámara en el debate sobre la Constitución

El eurodiputado español Íñigo Méndez de Vigo (PP) representará al Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que se abrirá en Roma el próximo sábado para debatir el proyecto de Constitución europea. El político español, que ya representó a la Eurocámara en el Presidium u órgano directivo de la Convención que redactó el citado proyecto, estará acompañado por el eurodiputado socialista alemán Klaus Hänsch.

Serán ellos los dos representantes del Parlamento Europeo, elegidos a su vez por los dos grupos más numerosos de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo (PPE) y el Partido Socialista Europeo (PSE). La designación de Méndez de Vigo resuelve un grave contencioso ocurrido la semana pasada, cuando en una votación interna en el PPE Méndez de Vigo quedó empatado a 95 votos con el dirigente alemán Elmar Brok, que también aspiraba al puesto. Ahora, y evitando una segunda votación, el español será el representante oficial, mientras Brok acudirá a las reuniones en calidad de "asesor", según informó ayer el PPE.

La reñida votación había originado importantes resquemores en las filas conservadoras. Los alemanes, apoyados por algunos franceses, intentaron evitar que Méndez de Vigo fuera el elegido debido a las continuas críticas que el presidente español, José María Aznar, ha hecho al proyecto constitucional europeo. Se dio la circunstancia de que la votación se produjo el mismo día, el miércoles, en que el pleno de la Eurocámara dio su respaldo a ese proyecto y aconsejó que ahora los jefes de Estado y de Gobierno se limiten a introducir ligeras mejoras, y no grandes cambios como desea Aznar.

Respetar el consenso

Méndez de Vigo, como Hänsch, asistirá en calidad de observador, pero con el encargo del Parlamento de vigilar que las posibles modificaciones que se planteen no rompan el consenso alcanzado en la Convención. La Eurocámara ha respaldado el proyecto, pero ha abierto una puerta para una posible solución a España: pactar un nuevo reparto de escaños (España perdió en el Tratado de Niza 14 de los 64 que ahora tiene), a la vez que se modifica al alza el porcentaje de población (60%) que deben representar los Gobiernos que voten a favor de una decisión determinada en el Consejo de la Unión. El Gobierno español ha respondido que no admite ese tipo de salidas y que sólo exige el respeto de Niza, donde pactó que tendría en el Consejo 27 votos, dos menos que los cuatro grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia).