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LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA 2004

Gasto moderado e inmovilismo fiscal

El Presupuesto deja abiertas varias incógnitas sobre su consecución

Las preguntas básicas sobre el Presupuesto pueden resumirse en dos. La primera es si tiene un carácter expansivo o restrictivo; la segunda es, sea restrictivo o expansivo, qué actividades económicas pretende estimular o salvaguardar. Es un mal síntoma que de la lectura de los últimos Presupuestos Generales del Estado, incluyendo el correspondiente a 2004, no se deriven respuestas claras a ambas cuestiones. Sostiene Cristóbal Montoro que el Presupuesto es restrictivo, puesto que pretende equilibrar ingresos y gastos con un crecimiento "muy moderado" de los gastos (4,3% de aumento). Pero puesto que los efectos sobre la inflación de Presupuestos similares -el de 2003 sin ir más lejos- son inexistentes, cabe preguntarse, con los más ortodoxos, si un presupuesto restrictivo de verdad no debería presentar un superávit de al menos un punto del PIB.

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La segunda cuestión tiene una respuesta muy confusa en el Presupuesto 2004. Los crecimientos de las partidas para Sanidad (3.569,86 millones de euros, con un crecimiento del 5,9% en términos de presupuesto inicial), Justicia (1.116,93 millones de euros, el 7,5% de aumento), Seguridad ciudadana ( 5.749,86 millones de euros, con un aumento del 6%) o Infraestructuras (8.086 millones de euros, el 6,4% más) no van a resolver los problemas de la lentitud o ineficacia de los tribunales, de las listas de espera, del mantenimiento de las carreteras o el aumento de los delitos. La apuesta es demasiado tibia para que sea eficaz.

Véase al respecto la partida de inversión pública destinada a Investigación. Después de los fracasos estrepitosos de los planes Info XXI -versiones 1999 y 2001-, el Gobierno se descuelga con una partida para Investigación de 2.132 millones de euros, con un crecimiento de apenas el 7,3%. ¿Pretende el Gobierno que la deplorable situación de la I+D en España se corregirá con 145 millones de euros más el próximo año?

Una conclusión provisional es que los autores del Presupuesto 2004, como el anterior, renuncian a utilizar las cuentas públicas como instrumento de política económica.

El cuadro macroeconómico introduce ya serias distorsiones en origen. Como sucedía en el Presupuesto de 2003, resulta improbable contar con un crecimiento de la economía española del 3% o con una tasa de inflación del 2%. No es coherente plantear una aceleración de la actividad económica con un deflactor del PIB que se reduce a la mitad (2,9%); tampoco parece correcto avanzar crecimientos de la economía basados en consumo cuando no se conoce el impacto de la reforma fiscal de 2002. Es razonable suponer que los contribuyentes han percibido los beneficios de la mayor renta disponible en el año 2003 y en 2004 la misma estructura fiscal no podrá tirar tanto del consumo como se pretende.

En el ámbito de los ingresos, se apuesta por el inmovilismo. Excluida la rebaja del IRPF de 2002, aplicada en 2003, la recaudación tributaria es de carril: los impuestos indirectos progresan a mayor ritmo que los indirectos. Por inmovilismo se entiende también la resistencia de Hacienda a deflactar la tarifa del IRPF, de forma que las ventajas de la rebaja del tipo marginal del año pasado quedan casi neutralizadas por el efecto de inflación sobre las rentas.

La presentación del Presupuesto sigue siendo confusa. Algunos ejemplos:

- Las comparaciones se establecen generalmente en términos de presupuesto inicial. No hay liquidación del presupuesto de gastos. Las tasas de variación anual incurren pues en serios problemas de interpretación.

- Falta información detallada sobre avales, aportaciones de capital, concesiones de préstamos del Estado... Esta información es imprescindible para dotar de credibilidad las proyecciones de equilibrio presupuestario. A pesar de las protestas de Montoro, no se debe descartar la hipótesis de que el sector público español acumule un déficit oculto de entre el 2 y el 3% del PIB.

- Aparece muy poca información sobre la descentralización del gasto y de los ingresos. Las transferencias de dinero y servicios a as comunidades autónomas no se detallan de forma que es difícil establecer la congruencia entre ambas.

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