Las emisiones valencianas de gases contaminantes doblan la media nacional

Las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono equivalente) crecieron un 62% en la Comunidad Valenciana entre los años 1990 y 2002, según un estudio elaborado por el experto José Santamarta, director de la revista World Watch. En ese periodo en España las emisiones crecieron un 38%. La cifra valenciana cuadruplica lo permitido por el Protocolo de Kioto y pone de manifiesto, en opinión del diputado autonómico de Els Verds, Carles Arnal, la escasa preocupación del Gobierno del PP por una cuestión que afecta a todos los sectores.

El estudio elaborado por Santamarta es demoledor y deja en muy mal lugar a la Administración, porque evidencia que el Gobierno no tiene ningún plan serio para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto. Para demostrar las perniciosas consecuencias de la política energética española, el trabajo comienza con datos acerca de la ola de calor del pasado verano. "Según el Gobierno, [en España] han muerto 105 personas directamente a causa de la ola de calor", señala, "pero la cifra real es muy superior y no menos de 6.112 personas fallecieron en España en el verano de 2003" como consecuencia de ello. En la ciudad de Valencia murieron ente los días 1 y 15 de agosto 66 personas más que en 2002, lo que supuso un incremento del 19,7%; y en Alicante fallecieron 24 personas más (un aumento del 15,1%), según los datos que aporta el trabajo, que cita también los efectos perniciosos para la agricultura y los incendios forestales.

Santamarta explica que "dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), cabría esperar una política más beligerante por parte de la Administración", y añade que, "sin embargo ésta deja traslucir una cierta indiferencia, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más". Según este especialista, las consecuencias de esta política son especialmente graves en el País Valenciano, "dada la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas mediterráneos debida a la baja tasa de renovación de suelo y del agua en gran parte de la región". El estudio pone de relieve que aquí las emisiones "han crecido más que en cualquier otra región, por la política desarrollista del PP, a pesar de la posible gravedad del cambio climático en una región tan dependiente del turismo de sol y playa y de una agricultura intensiva que ya sufre la falta de agua".

Tras señalar que se ha criticado "con toda la razón" a EE UU por su negativa a ratificar el Protocolo de Kioto, el estudio revela que en ese país las emisiones crecieron un 16% entre 1990 y 2002, mientras que en Alemania se redujeron en un 19% y en el conjunto de la UE subieron sólo un 4%. Unas cifras que están muy lejos del 62% de incremento en el caso valenciano. Santamarta considera que la política del PP "se caracteriza por la total hipocresía: ratifica y luego hace todo lo posible para que las emisiones sigan aumentando".

El trabajo advierte de las consecuencias de estos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero para cuando entre en vigor el mercado de emisiones de CO2. En 1997, la UE se comprometió a controlar sus emisiones de CO2 y los niveles de gases de efecto invernadero para cumplir con el Protocolo de Kioto. Para ello se estableció como referente mantener las emisiones de 1990, y se acordó que para el periodo 2008-2012 Europa debía reducir sus emisiones en un 8% con respecto a 1990. Los gobiernos de la UE establecieron unos límites de emisión de gases diferentes para cada país, en función de las previsiones de evolución económica.

A España se le permitió que aumentara la emisión de gases en un 15% respecto a 1990. Pero nadie pensó que el desarrollo económico español iba a ser tan importante. En 2002 España estaba ya en el 38% y la Comunidad Valenciana, en el 62%. Cuando entre en vigor el mercado de emisiones, en 2005, las empresas que tengan sistemas eficientes podrán vender derechos de contaminación, que comprarán aquellas que no dispongan de medidas contra las emisiones. Una aplicación práctica del principio de "quien contamina, paga". Las empresas valencianas partirán en desventaja y tendrán que comprar.