José Luis Bilbao niega que deba pagar por su marcha atrás en Abandoibarra

La Diputación de Vizcaya no ofrecerá ningún resarcimiento económico por su renuncia a construir su nueva sede en Abandoibarra. En el último pleno de Bilbao, el edil peneuvista Ibon Areso aseguró que se estaba negociando con la institución foral "sacar alguna compensación" por la frustrada operación inmobiliaria. "No hay nada que compensar", replicó ayer con rotundidad el diputado general, José Luis Bilbao, ante las Juntas Generales. La oposición criticó "las formas" de la renuncia y mostró sus dudas sobre el informe de costes esgrimido para adoptar la decisión.

Dos meses después de su sorpresivo anuncio, Bilbao explicó ayer a las Juntas Generales de Vizcaya las razones del abandono del proyecto emblemático de Abandoibarra: la torre foral de 34 pisos que iba a albergar todas las oficinas y sedes de la Diputación desperdigadas ahora por la capital vizcaína. No aportó novedades y, como hizo en julio, justificó su decisión por motivos estrictamente económicos: su construcción supondría un déficit de 97 millones de euros. Un estudio encargado por la institución foral, recibido en junio, señalaba que el coste total ascendería a 246 millones, mientras que la venta de los edificios forales en Bilbao, con la que se iba a costear la sede, proporcionaría 149 millones. Hasta el pasado año, los datos aportados por el anterior equipo de gobierno de la Diputación hablaban de una inversión cercana a los 100 millones.

Bilbao repitió que "hay otras prioridades" de actuaciones en carreteras, acción social, vivienda o suelo industrial. "Es así de sencillo, duro y claro".

En el debate suscitado, el diputado general rechazó de plano abonar compensación alguna por la renuncia. Esta cuestión se ha suscitado porque la operación inmobiliaria que se puso en marcha hace seis años supuso la recalificación urbanística para uso residencial de los inmuebles forales, que tenían una calificación de equipamiento. En este periodo, la Diputación ha vendido por casi 10 millones uno de sus edificios -el que fue sede de Acción Social, en plena Gran Vía-, que ahora destinará a viviendas un promotor privado.

En el pleno municipal de Bilbao del pasado jueves, el equipo de gobierno de PNV-EA e IU indicó que se estaba negociando con la Diputación para buscar una compensación por la venta de dicho edificio. Fuemtes forales indicaron que con los 10 millones obtenidos se ha comprado ya otro inmueble para acoger la sede de Acción Social, además de un edificio para Urbanismo.

"Compensar, ¿por qué?"

"Compensar al Ayuntamiento, ¿por qué? La Diputación no se ha enriquecido", recalcó Bilbao, para recordar después las aportaciones forales a proyectos como el Guggenheim, el Palacio Euskalduna o el Museo Marítimo. "No hay nada que compensar", zanjó.

El diputado general aseveró que en esta cuestión lo fundamental son los motivos. "No he oído a nadie, salvo el delegado del Gobierno, Enrique Villar, decir que hay que hacer la torre". "Las formas pueden ser discutibles", añadió antes de incidir en que "la decisión es de quien se va a construir su casa". Anunció que la Diputación liquidará la sociedad Abandoibarra, creada en 1999 para desarrollar el frustrado proyecto. Aunque reconoció que los argumentos esgrimidos hace seis años para levantar la torre (concentración de los servicios y una mejor atención al ciudadano) no han cambiado, "hay otros proyectos que están antes".

La oposición -PSE, PP e IU- coincidió en criticar la falta de debate sobre la renuncia. José Ferrera, de IU, dijo que "se había pasado olímpicamente del Ayuntamiento" de Bilbao y habló de "golpe de efecto mediático" de la Diputación para mostrar un "giro importante" en sus actuaciones. Agregó que el diputado general ha sido "copartícipe" del proyecto y "de enterrar cientos de miles de euros".

El socialista Josu Montalbán se mostró "asombrado y engañado" pues "en ningún momento" se comentó el déficit en la sociedad foral Abandoibarra. Consideró "sorprendente" que la construcción pasase de un coste de 97 millones de euros a 246 y reclamó el informe que respalda esas cifras, además de un debate específico en las Juntas.

Esther Martínez, del PP, se preguntó si en los seis años de desarrollo del proyecto las autoridades forales "estaban tan alejadas de la realidad" y censuró la "falta de lealtad institucional" por no abordar el asunto en la sociedad Bilbao Ría 2000.