La agenda europea

Examinar conjuntamente las agendas española y europea en el comienzo de este curso político que concluirá en elecciones a ambos niveles es un ejercicio recomendable. En efecto, no se trata de compartimentos estancos, sino de vasos comunicantes, con una intensa interrelación. En este examen, tres son las prioridades: la cuestión constitucional, la política económica y financiera y la política exterior y de seguridad. Para realizarlas es importante coordinar la acción en ambos escenarios.

En primer lugar, la aprobación de la Constitución Europea en el momento en que celebramos el XXV aniversario de la española, un logro que no podíamos imaginar ni los más optimistas en 1978. La prioridad en este punto es conseguir que la Conferencia Intergubernamental (CIG) bajo presidencia italiana apruebe el texto y no proceda a destejer el punto del delicado compromiso alcanzado en la Convención que en cierto modo inició la CIG, ya que a ella se incorporaron los ministros de Asuntos Exteriores cuando los gobiernos vieron que la cosa iba en serio. Muy probablemente, la táctica italiana será la de preguntar a los enmendantes cuántos apoyos firmes tienen para sus pretensiones, cosa difícil de garantizar en una negociación entre 25. Lo que llama la atención es la pasión enmendante del presidente del Gobierno español frente a su absoluta cerrazón en relación con la Constitución Española. Desde 1986, España ha participado en cuatro reformas constitucionales europeas -el Acta Única, los tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza-, trabajó activamente en la Convención y ahora es parte de la Conferencia Intergubernamental. En las mismas se han producido innovaciones que no son de detalle, como la ciudadanía europea y la Carta de Derechos Fundamentales, la moneda única, la cohesión económica y social, amén de un reparto y redistribución de competencias que afecta a la entraña misma de los Estados miembros, con especial incidencia en los federales o autonómicos, como es el caso de España. De hecho, Europa ha originado la única reforma de nuestra Constitución, la de la ciudadanía. En estas circunstancias, resulta paradójico que se pueda debatir y reformar todo a nivel europeo y no haya posibilidad de tratar nada en casa, con temas tan cruciales como la configuración del Senado en España. En donde la paradoja se transforma en sarcasmo es en la diferencia que existe entre unas cumbres europeas con periodicidad trimestral frente a la incomunicación total en España, en donde no hay un debate autonómico en el Senado desde 1997. Para más inri, resulta que la Corona de Aragón, que nos enseñaban en la escuela como una de las partes fundamentales de la creación del Estado español -tanto monta...-, se ha convertido en una organización subversiva que hay que combatir. El simple ejercicio de examinar conjuntamente el número de competencias que pasan a codecisión en el proceso legislativo europeo merecería no sólo un pleno del Senado, sino un tratamiento monográfico a fondo.

El segundo gran desafío es el económico. La Unión Europea ha conseguido asentar una moneda única, pero no logra lanzar una política económica común (uno de los puntos más débiles del proyecto de Constitución). El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue acordado antes de que existiera el euro y la estrategia de Lisboa, por lo que lo menos que hay que hacer es actualizarlo. Pero esta operación se tiene que hacer con una voluntad política compartida respetando lo pactado mientras esté en vigor y no tratándolo con desprecio. Sin pretender llegar a la política primorriverista de oferta de Bush, un poco de keynesianismo templado no le vendría mal a la Unión Europea. El debate creciente sobre un plan de grandes redes transeuropeas, resucitando el Plan Delors, es una vía a seguir, completada con la propuesta franco-alemana de inversiones en investigación y nuevas tecnologías. No otra cosa se proponía en Lisboa. Cuestión que en España, que sigue a la cola de creación de empleo y tasa de ocupación de la población, con una inquietante pérdida de productividad, debería preocupar más. Para concretar estas prioridades es fundamental el proceso de revisión y renegociación de las perspectivas financieras para el periodo 2006-2013 que se inicia este otoño. Después de haber negociado al inicio de nuesta incorporación un esfuezo de solidaridad que fue nuestro Plan Marshall tendríamos que contestar a la pregunta de cómo entendemos plantear nuestra ubicación en la Unión ampliada.

En la política exterior y de seguridad, la prioridad absoluta es recomponer la unidad rota con motivo de la guerra de Irak. No basta con denunciar el aventurismo y la falta de capacidad del trío de las Azores, o alegrarse de su fracaso. En Oriente Medio es mucho lo que está en juego para el futuro de la Humanidad, no se trata sólo de petróleo, sino de conseguir el encuentro de las culturas frente al choque de civilizaciones. La base es volver a la primacía de la ONU, cuyo principal contribuyente somos, y cambiar la lógica de conquista y explotación colonial por la de apoyo a la soberanía del pueblo iraquí. La reconsideración en curso de la Administración de Bush en el momento de la celebración de la Asamblea General de la ONU es una ocasión única para que la cadena de legitimidad y de mando vuelva a ésta. Es de temer que con su tozudez el Gobierno español sea el último en darse cuenta del cambio. Entretanto, la UE debe perseverar en el compromiso del Cuarteto en el conflicto israelopalestino en el que no haya salida sin presión internacional sostenida.

La dimensión europea va a estar, pues, muy presente en la carrera electoral -autonómicas, generales y europeas- que se inicia. De cara a la primera cita madrileña, la negativa del grupo del PP de que ondee la bandera europea en la Casa de la Villa es un dato significativo de su talante carpetovetónico. En cualquier caso, los debates español y europeo están estrechamente entreverados y una cuestión fundamental a debatir es saber si queremos volver a la línea de un compromiso activo en la construcción europea para consolidarla como una protagonista de primer orden o consideramos que nuestro futuro es el jugar el papel de un aliado subsidiario y periférico de la que se afirma "única gran potencia". Nuestros conciudadanos merecen que se presenten y defiendan las opciones sobre estas grandes cuestiones con claridad y coraje. La democracia no es aceptación resignada, sino la armonía disonante que produce la confrontación de ideas y de programas.

Enrique Barón Crespo es presidente del Grupo del Partido Socialista Europeo en el Parlamento Europeo.