Dos redes paralelas

Por primera vez desde hace 15 años crece el número de alumnos en los colegios de España. Este cambio de tendencia se debe sobre todo a la incorporación de niños de familias inmigrantes, que ya suponen cerca del 5% del total de matriculados. El dato refleja el cambio demográfico que se está produciendo en nuestra sociedad y subraya la necesidad de una escuela que actúe como principal vía de integración de los inmigrantes. Visto desde el lado de la enseñanza, la convivencia en las aulas de escolares de muy diversa procedencia favorece la interiorización de valores como el pluralismo y la tolerancia. Pero, junto a las ventajas, la diversidad cultural plantea problemas nuevos.

La concurrencia de muy distintos niveles de formación básica, las dificultades iniciales con el idioma y la coexistencia de hábitos sociales diferentes suponen una exigencia adicional para el sistema educativo, tanto en la actitud y prestaciones de los profesores como en la necesidad de más medios de apoyo, materiales y humanos, para poder afrontar la nueva situación. Una exigencia que gravita de forma muy diferente sobre la escuela pública y la privada, sea concertada o no, como demuestran los datos de CC OO, según los cuales más del 80% de los alumnos inmigrantes están escolarizados en la escuela pública. Los colegios concertados han puesto en marcha procedimientos para minimizar su compromiso en este terreno, y las autoridades públicas lo han consentido.

El resultado es la consolidación de dos redes paralelas, ambas financiadas con fondos públicos, pero diferenciadas por la responsabilidad asumida en la asunción de este problema. Cuanto más inspirado en los principios de un Estado democrático, no confesional y tolerante con todas las religiones y culturas, sea un sistema de educación, mejor podrá afrontar la tarea, básica para el futuro de nuestra sociedad, de integrar como ciudadanos de pleno derecho a las personas que proceden de culturas distantes, a veces, incluso, tradicionalmente hostiles entre sí. Pero no parece que sea ése el propósito de un Gobierno más interesado en promover una enseñanza confesional católica, forzando los límites de la no confesionalidad de nuestro Estado. Un camino equivocado que favorece las desigualdades y dificulta la deseable convivencia e integración de estos niños, los nuevos ciudadanos españoles.