El experimento popular-republicano

Es sábado por la mañana y no para de llover. Un hombre de unos 30 años, acompañado de su mujer y sus hijos, trata de guarecerse de la tormenta bajo el toldo de una bodega. Se llama Andreu Francisco y es, desde hace 100 días, el alcalde por ERC de Alella. Hoy, aparte de protegerse de la molesta lluvia otoñal, trata también de sobrevivir a otra tormenta mayor: la que ha desatado su decisión de pactar la alcaldía con el Partido Popular. Un temporal político cuyas consecuencias se proyectan sobre las elecciones autonómicas del 16 de noviembre.

El inesperado pacto ha situado a Alella, un municipio del Maresme de apenas 9.000 habitantes, en el epicentro de la política catalana. No es la primera vez que estas dos formaciones tan opuestas se unen para gobernar un Ayuntamiento catalán. Pero la incómoda alianza de Alella se ha firmado a un mes vista del inicio de la campaña para las elecciones autonómicas, y lo que en clave local puede llegar a comprenderse, aceptarse e incluso compartirse se convierte, en fechas preelectorales, en un arma de doble filo.

Los ciudadanos han entendido la decisión de ERC como un acto de heroísmo y entrega

Los concejales del PP eran auténticos "apestados", según el popular Jesús Conesa

Lo sintetizaba Carme Tort Martorell, concejala de CiU ahora en la oposición: "Lo que puede pasar con este pacto es una aventura; igual puede acabar bien que mal". Sus palabras describen el suspense con que ERC, pero también CiU, PSC, ICV y PP afrontarán los comicios después de esta polémica. De momento, la dirección de ERC ha decidido no expedientar a sus concejales de Alella, pese a reprobar el pacto. Para capear el temporal, Esquerra ha minimizado el asunto afirmando que el pacto sólo debe interpretarse en clave local.

El acuerdo entre ERC y PP es, según el alcalde, la única forma de salvar la estabilidad política del municipio, tras haber intentado pactar, sin éxito, con el resto de formaciones. La manzana de la discordia ha sido la preservación del valle de Rials, cuyo futuro como zona agrícola se veía amenazado por la especulación inmobiliaria.

Para comprender el trasfondo del acuerdo es necesario remontarse a mediados del pasado mandato. En el Ayuntamiento gobernaba CiU con el apoyo de PSC, ICV, ERC y la formación Acció Catalana. En la oposición se situaban únicamente los tres concejales del PP, auténticos "apestados" de la política municipal, en palabras del concejal popular Jesús Conesa. Durante el mandato, el futuro del valle de Rials -un terreno agrícola y forestal situado en el noreste del municipio, en los límites de Alella i Teià- fue motivo de debate y negociaciones para evitar que los propietarios, agrupados bajo la firma Rials SA, reclamaran su derecho a construir en un espacio que el plan urbanístico prevé como zona de desarrollo industrial.

Las negociaciones fueron largas. Cuando el mandato estaba a punto de acabar, se llegó a un principio de acuerdo en forma de convenio urbanístico. El convenio establece con los propietarios de las ocho hectáreas de terreno industrial una permuta por otros terrenos en los que se podrían construir 181 viviendas. 81 se situarían en Can Serra, que colinda con el valle. A cambio, el consistorio se queda con las ocho hectáreas de Rials, y se compromete a recalificarlas como zona agrícola.

Todas las formaciones políticas parecían de acuerdo con el convenio. Pero el día de su aprobación, en un pleno extraordinario celebrado a pocas horas del inicio de la campaña para las municipales del 25 de mayo, uno de los dos concejales de ERC se desmarcó y votó en contra. A ERC ya no le gustaba que el Ayuntamiento tuviera que ceder terrenos para construir viviendas a cambio del valle de Rials, y encontró una razón de peso en un informe jurídico según el cual el consistorio no está obligado a indemnizar a los propietarios si los terrenos de Rials se recalifican como zona agrícola. "No entiendo por qué Alella tiene que pagar a los propietarios por unos derechos que no existen", explica Francisco. El alcalde denuncia también que el convenio fue redactado después de la aparición en escena del bufete de abogados del ex dirigente de CDC, Miquel Roca Junyent, que aconsejaba la permuta, lo que ha llevado a ERC a denunciar, en todo este asunto, los supuestos intereses inmobiliarios por parte de CiU. Una participación que, sin embargo, el bufete ha desmentido.

Ante la sorpresa del anterior equipo de gobierno, el 25 de mayo ERC -que concurría a los comicios en coalición con el grupo La Garnatxa- se impuso y obtuvo una inesperada victoria que desplazó a CiU, PSC e ICV. La Garnatxa es un movimiento ciudadano nacido a mediados de 2001 para defender el medio ambiente, y que tiene en la preservación del valle de Rials su caballo de batalla.

Los republicanos, que con cuatro concejales se vieron obligados a gobernar en minoría, trataron de encontrar un socio de gobierno. Preferían a ICV, PSC y, en última instancia, a CiU. En ningún caso se planteaban un pacto con el PP. Las reuniones entre ERC y los demás partidos se desarrollaron de forma "pintoresca", según los concejales de la oposición: encuentros de 10 minutos, en terrazas y bares musicales, con promesas de nuevos encuentros que nunca llegaban a producirse. ERC puso siempre por delante la preservación de Rials y mostró poca voluntad -según la oposición- para encontrar otros puntos comunes en los programas. El final fue el fracaso de la negociación. Para el alcalde, el acuerdo no fue posible por la actitud "beligerante" de los antiguos socios de gobierno; "que no pudieron digerir nuestra victoria", añade.

Agotadas las opciones, a ERC-La Garnatxa sólo le quedó el PP, con dos concejales. Inesperadamente, ambas formaciones decidieron formar un frente común para anular el convenio de intenciones aprobado en la anterior legislatura. Aún les faltaba un concejal para la mayoría absoluta. Y apareció en escena la Lliga Social d'Alella (LSA), formación independiente encabezada por un ex acalde de CiU, Antoni Caralps, nacida con el objetivo de desbancar al anterior alcalde, el nacionalista Salvador Artés.

En el encendido pleno celebrado el pasado jueves, el nuevo Gobierno, integrado por ERC-La Garnatxa, PP y LSA, anuló el polémico convenio del valle de Rials. La decisión fue recibida por el público con una ovación. Contra todo pronóstico, en Alella pocos parecen escandalizados por el pacto. Las ovaciones a ERC en el pleno describen con fidelidad la opinión de gran parte de los vecinos del pueblo, mayoritariamente partidarios de la preservación del valle.

Hay detractores del pacto, pero en general los ciudadanos han entendido la decisión de ERC como un acto de heroísmo, de entrega por el pueblo: "Han hecho lo que tenían que hacer para salvar el valle de Rials", sintetiza un vecino. "Hombre, un pacto entre ERC y PP puede parecer raro", reconoce otro ciudadano a quien, sin embargo, no parece preocupar el debate que el asunto ha suscitado en las más altas esferas políticas catalanas. "Si no funciona, ya se verá más adelante", añade tranquilamente.

Un cierto agotamiento por la acción del gobierno anterior juega a favor de la tolerancia con la que Alella ha recibido el pacto de republicanos y populares. En otras palabras, Alella esperaba la savia nueva que han aportado los jóvenes concejales de ERC-La Garnatxa, y quizá sea este afán de renovación el que explique el tono con el que el pueblo ha recibido a sus nuevos gobernantes.

Para la oposición, el valle de Rials es la excusa para justificar este pacto "contra natura" y para desprestigiar al anterior equipo de gobierno. CiU, PSC e ICV advierten ahora de que el valle vuelve a ser susceptible de ser industrializado, ya que en el pleno se aprobó únicamente la anulación del convenio, pero no la recalificación de Rials como zona agrícola. ERC asegura que en este mandato se revisará el plan general. "Trataremos de buscar el acuerdo con todas las formaciones", avanza Francisco. Un consenso que la oposición, por el momento, duda que sea posible.