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La policía contabiliza como ajustes de cuentas al menos 16 de los 83 homicidios registrados este año

Oriol Güell

Alguien había decidido que no debían seguir viviendo y otros, con la misma frialdad, les mataron. La mayoría de las veces lo hicieron de un tiro en la cabeza, pero en otras mataron con metralletas o arrojando a sus víctimas desde la azotea de un edificio. Al menos 16 de los 83 homicidios registrados este año en la región responde a este perfil. La policía los llama "ajuste de cuentas" y la opacidad de las organizaciones criminales, a las que pertenecen víctimas y agresores, permite saber en muy pocas ocasiones las verdaderas causas de las muertes.

El primero de estos asesinatos ocurrió el sábado 22 de febrero. Aquel día fue encontrado en la cuneta de la N-III, en Arganda del Rey, el cuerpo sin vida, con un disparo en la cabeza, de un ciudadano colombiano. Sólo cuatro días después, el miércoles 26 de febrero, dos inmigrantes búlgaros fueron literalmente cosidos a balazos en la calle del Jazmín (Ciudad Lineal), en uno de los episodios más violentos registrados este año. Armados con Kalásnikov, los homicidas ametrallaron a los fallecidos antes de rematarles al caer moribundos al suelo.

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Febrero cerró aquella trágica semana el día 28 con otra muerte parecida. José Francisco Dopacio, de 26 años, iba en el coche con su novia cuando alguien se acercó a ellos, rompió la ventanilla con la culata de una pistola y le disparó tres veces. Murió al instante.

Los cadáveres de otros dos ciudadanos colombianos fueron encontrados tres semanas después en un sembrado en Villanueva de Perales. También les habían matado a tiros. El mismo sistema fue el utilizado para terminar con la vida de dos ciudadanos españoles, cuñado el uno del otro, en el barrio de Los Ángeles (Hortaleza). Primero les abatieron a tiros en plena calle y luego les remataron con sendos tiros en la cabeza. Era el 26 de abril, el mismo día en el que otro ciudadano español, de 26 años, moría en su piso de un disparo en la cabeza. La policía sospechó que traficaba con drogas.

Dos días después, en Getafe, unas barrenderas hallaron el cadáver de un colombiano, decapitado, sin brazos, sin piernas y envuelto en bolsas de basura. Quienes le mataron arrojaron su cuerpo entre unos contenedores. Un mes después, el 25 de mayo, dos disparos en la cabeza acabaron con la vida de un ciudadano de Mauritania que fue encontrado en el poblado de El Salobral (Villaverde). El mismo sistema, ya en el mes de julio, fue utilizado para matar a Inder Abdula, de Rumania. Murió tumbado en el sofá de su casa.

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Seis días antes, otro colombiano murió agredido brutalmente en Carabanchel. Los homicidas le desfiguraron la cara y le quemaron los genitales. Un compatriota de esta última víctima también falleció al ser arrojado desde el sexto piso de un edificio de Leganés el día 2 de agosto. La policía detuvo a los asesinos. Otro colombiano fue la última víctima de ajuste de cuentas antes de las de ayer. Murió el 16 de agosto a los 32 años de un disparo en la cabeza en el barrio del Pilar.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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