La oposición critica al ministro y pide explicaciones

Los partidos de la oposición pidieron ayer al ministro del Interior, Ángel Acebes, que explique si, tras el asesinato de Rocío Wanninkhof, en octubre de 1999, "podría haberse evitado" la muerte de Sonia Carabantes, el pasado 14 de agosto, al haber recibido la policía española, en 1998, una advertencia del Reino Unido sobre los antecedentes de Tony Alexander King, el autor confeso de ambos crímenes.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, recordó ayer que la policía británica, a través de Interpol, envió una comunicación a las fuerzas de seguridad españolas sobre la "peligrosidad" del presunto autor de los crímenes de Mijas y Coín, y si, tras esta advertencia, "hubo una investigación" y "si se adoptaron medidas preventivas" respecto a King.

En parecidos términos se expresó ayer el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, quien tachó de "lamentable, espeluznante y escandaloso" que la policía, dirigida entonces por Juan Cotino, no informase a la Guardia Civil de los antecedentes del asesino confeso de Wanninkhof y Carabantes. "Se trata", añadió Alcaraz, "de un error tremendo, de una actuación deleznable que hay que investigar".

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, aseguró ayer que el presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, es el "gran culpable" de la cadena de presuntos delitos cometidos por Tony Alexander King. El dirigente nacionalista recordó que Mayor Oreja ocupaba la cartera de Interior cuando la policía británica informó a la española, en 1998, de que King era un agresor sexual. "Por eso creo que el gran culpable de esta situación tiene nombre y apellidos: Mayor Oreja, que no se preocupó absolutamente de nada, por lo que hay que pedirle responsabilidades", enfatizó.

Contestación del PP

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro, criticó ayer al PSOE por tratar de establecer una secuencia "repugnante" entre los crímenes de Málaga y la actuación del Gobierno, intentando "inculpar directamente a los responsables políticos de la seguridad pública en esos asesinatos". Gil Lázaro consideró que "no se puede jugar con pilares fundamentales del Estado de derecho, con el dolor de las víctimas, ni con la confianza en las fuerzas de seguridad del Estado". Y recordó que fue el propio ministro del Interior quien informó a la opinión pública de que en 1998 se habían recibido, a través de Interpol, los antecedentes del presunto asesino de Carabantes y Wanninkhof.