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Columna
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Vidas paralelas

Si yo me propusiera establecer las diferencias que existen, al día de hoy, entre un alcalde socialista y uno del Partido Popular, ustedes lo juzgarían, probablemente, una temeridad. No les faltaría razón. Manifestar esa distinción es una de las tareas más enrevesadas a las que podemos entregarnos en la actualidad. En esa dificultad reside, a mi entender, buena parte de la crisis que padece hoy el socialismo. Y, sin embargo, años atrás, cuando se instauró la democracia en nuestro país, nada resultaba más sencillo que distinguir a un político de izquierdas de uno de derechas. Bastaba una simple ojeada a la vestimenta que portaba cada cual para determinar su posición.

Cuando la izquierda accedió al poder, las diferencias de vestuario se hicieron paulatinamente más difusas, y lo mismo sucedió, poco después, con las palabras. Desde entonces, tuvimos que prestar mucha atención a los discursos y a la entonación de cada frase para extraer alguna consecuencia que nos permitiera orientarnos. Las divergencias entre unos y otros eran tan leves que errábamos con frecuencia, lo que nos provocaba un molesto desconcierto. De las palabras, pasamos a los hechos, y, ante ciertas medidas que se ordenaban, nos quedábamos, en ocasiones, con la duda de si procedían de un gobierno socialista o de la oposición.

Con el tiempo, esta sutil homogeneización ideológica se instaló en la política local, y no ha hecho más que desarrollarse desde entonces. Distinguir la conducta de un alcalde socialista de uno del Partido Popular resulta actualmente tan intrincado, que sólo algunos politólogos de olfato muy desarrollado aciertan a establecer la diferencia. Y ello, sólo después de prolongados estudios y matizaciones. Ahora bien, si de lo que se trata es de asuntos de urbanismo, entonces debemos dar el problema por irresoluble y reconocer que no entendemos nada. En estos temas, donde el dinero se muestra intratable, impera hoy la confusión más absoluta y el cemento ha enterrado, prácticamente, cualquier ideología.

Si comparásemos la política urbanística del Ayuntamiento de Elche con la que realiza el Ayuntamiento de Alicante, encontraríamos escasas diferencias. Y ello, pese a estar uno gobernado por el Partido Socialista y el otro, por el Partido Popular. Durante los días pasados, hemos seguido en la prensa los graves sucesos que afectan al urbanismo ilicitano. Los diarios han denunciado apropiaciones de terreno, excesos de edificabilidad, medidas que contravienen los planes de ordenación, operaciones en beneficio de particulares... Son, prácticamente, los mismos hechos que, en un momento u otro, se ha producido en el Ayuntamiento de Alicante.

¿Cuál ha sido la reacción de los gobernantes ilicitanos, ante las denuncias de la prensa? Medida arriba, medida abajo, la reacción ha sido la misma que la de los gobernantes de Alicante ante sucesos similares: negar los hechos, y eludir las preguntas planteadas por la prensa y la oposición. En un intento de escapar del compromiso y acallar la polémica, el alcalde, Diego Macià, ha anunciado la creación de una gerencia de Urbanismo. ¡Excelente idea! Exactamente la misma que tuvo Luis Díaz, el alcalde de Alicante, cuando se enfrentó a idénticos problemas.

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