Aclaración

El 18 de septiembre, el prestigioso periódico a su digno cargo publicó una nota informativa titulada La oposición acusa a Chávez de intentar retrasar el referéndum, la cual, a juicio de esta representación diplomática, incurre en algunas imprecisiones, inexactitudes y falsedades que es menester aclarar en resguardo de la verdad y del buen nombre de la democracia venezolana.

En particular, la información se hace eco de una acusación propalada por la oposición venezolana contra el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, Andrés Brito, de ser "un infiltrado del Gobierno en el CNE, cuya primera misión ha sido bloquear cualquier posibilidad de que se efectúe la consulta popular".

A este respecto, esta representación diplomática quiere, en nombre del Ejecutivo venezolano, desmentir tal señalamiento por temerario y carente de lógica, que sólo intenta aprovecharse del natural desconoci-miento sobre la institucionalidad venezolana que puedan tener los lectores españoles. El Consejo Nacional Electoral es un ente que goza del estatus de poder público, independiente y autónomo del Poder Ejecutivo, cuyos miembros han sido recientemente designados por el Tribunal Supremo de Justicia de forma legal y transparente, de acuerdo con uno de los mecanismos que establece la Constitución venezolana. Dichas designaciones, ocurridas hace menos de un mes, han sido aceptadas por todos los factores políticos que hacen vida en Venezuela y aplaudidas por los observadores internacionales por la garantía de equilibrio e imparcialidad que vienen a porporcionar en medio de la crisis política venezolana.

Así las cosas, la junta directiva del CNE, como es natural, designa o ratifica al equipo de técnicos que le acompaña, como en el caso del consultor jurídico, sin que medien consultas de ninguna especie con ninguno de los otros poderes públicos.

De esta manera, es improbable y ausente de sentido que el Gobierno de Venezuela pueda "infiltrar" a alguien en un cargo que no le compete designar, y el cual, en última instancia, no toma decisiones, sino que simplemente prepara proposiciones para ser discutidas y aprobadas por el poder electoral.

En resumen, esta misión quiere hacer saber a los lectores de EL PAÍS que la acusación aludida no es más que un elemento sin asidero, originada al calor de la diatriba política y de la comprensible impotencia que sienten ciertos factores de la oposición venezolana al no ver satisfechas sus pretensiones de que las instituciones venezolanas actúen al margen de la ley para satisfacer sus aspiraciones de acceder al poder por cualquier vía.