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Reportaje:

Elecciones sin libertad de prensa

Las fuertes restricciones informativas ante las inminentes citas electorales prueban la precariedad de la democracia en Rusia

Pilar Bonet

Las restrictivas leyes que regulan las elecciones y su tratamiento informativo en Rusia penden como una espada de Damocles sobre los medios de comunicación en el otoño político. Éste se inicia hoy con los comicios a gobernador de San Petersburgo y culminará el 7 de diciembre con la elección de la Duma (Parlamento estatal).

La legislación, aprobada entre otoño de 2002 y el pasado verano, ata las manos a cualquier periodista, porque se basa en una ambigua diferencia entre "información" y "agitación preelectoral". Los medios, tanto públicos como privados, podrán ser sancionados por dar información negativa, aunque ésta sea "fidedigna", sobre los candidatos, por opinar sobre ellos, por expresar preferencias y por agitar a favor o en contra. Tampoco podrán describir las posibles consecuencias de una elección u otra ni tratar de influir sobre los electores. Y hasta la información objetiva sobre un partido puede ser ilegal si ésta es "parcial de forma sistemática".

Los medios podrán ser sancionados por dar información negativa, aunque sea fidedigna, sobre los candidatos

Las nuevas leyes nacieron como reacción a la agresiva campaña parlamentaria de 1999. Su pretendida asepsia encubre, sin embargo, un entorno político degradado. El Kremlin actúa a su antojo y hace la vista gorda ante quienes no percibe como un peligro. Entre los protagonistas visibles y no visibles de las elecciones circulan enormes sumas de dinero y sueldos astronómicos, según medios informados.

Varios partidos han presentado ya sus documentos para competir por la Duma. La fase de propaganda electoral se inicia un mes antes de las elecciones, pero en la práctica, la carrera ha comenzado ya. Ayer, en un gesto sin precedentes en las tradiciones rusas, el presidente Vladímir Putin dijo de forma pública y oficial que votará por el grupo de carácter centrista Rusia Unida, cuya cabeza de lista es el peterburgués Borís Grizlov, ministro del Interior y un hombre de su confianza. Putin, que de modo "excepcional" acudió al congreso de Rusia Unida ayer en Moscú, declaró que había votado a esta formación hace cuatro años y que creía "haber hecho bien".

En la tribuna de prensa, algunos periodistas de provincias opinaban que las leyes electorales les impedían reproducir las palabras de apoyo del presidente. La realidad rusa, sin embargo, se aparta de los textos, y el rasero de lo que está permitido no es el mismo para todos, como lo ha demostrado la campaña por el sillón de gobernador de San Petersburgo.

Los tribunales rusos no han visto infracción alguna en el apoyo abierto que Putin ha prestado a Valentina Matvienko, su candidata a gobernador de San Petersburgo, a la que deseó "sinceramente" la victoria en las urnas. Ante las cámaras de la televisión estatal, Putin instó a Matvienko a ocuparse ya del presupuesto de la ciudad sin esperar a los resultados de las urnas, aunque la ley prohíbe a los funcionarios del Estado agitar a favor de uno u otro candidato. Matvienko compite hoy con ocho candidatos oficiales y un caballo (presentado en señal de protesta). El ambiente en la segunda ciudad del país es tan crispado que una docena de respetados intelectuales locales firmaron el pasado verano una carta abierta expresando su preocupación por el retroceso de los niveles de democracia anteriormente conquistados.

Una contrincante de Matvienko denunció la interferencia de Putin, pero los escolásticos abogados de la favorita alegaron ante el juez que no está probado que el apoyo de Putin sea beneficioso. La legislación electoral es un "golpe de Estado burocrático", ya que ha arrebatado el derecho de expresión, de información, de elegir y ser elegido, y los ha entregado en exclusiva a los burócratas, señala el antiguo jefe de la Comisión Electoral Central, Alexandr Ivánchenko. "Durante el periodo de elecciones se limita la libertad de funcionamiento de todo el sistema político", afirma el funcionario.

La legislación electoral "transgrede como mínimo dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: el derecho a la propiedad privada y a la libertad de expresión", opina el comentarista Mijaíl Rostovski, según el cual, además de ser anticonstitucional, es una "tomadura de pelo", que transforma la prensa en agente de la Comisión Electoral.

Los funcionarios oficiales juegan con ventaja, ya que la legislación no regula las informaciones sobre el ejercicio de sus cargos. Rodeado de escolares o celebrando un partido de fútbol, Grizlov, el cabeza de lista de Rusia Unida, es plato de todos los días en la televisión estatal. Ésta apunta sobre todo contra los comunistas. El primer canal de la televisión pública mostró recientemente una serie de tres documentales sobre el espectro político ruso, vertebrados en torno a tres metáforas distintas. Para los liberales liderados por Borís Nemtsov y Grigori Yavlinski, se eligió un estadio deportivo, donde los atletas van con prisa. Para los comunistas, una residencia de ancianos, y para sacar lustre a la anodina Rusia Unida, una fábrica de relojes donde los seguidores del presidente trabajan como un engranaje exacto.

"Estamos en una atmósfera estancada. No hay lucha de ideas, ni de personas o plataformas políticas. La creatividad ha sido sustituida por la burocracia", opina la analista televisiva Ana Kachkaeva, de la asociación Internews. Desde los tiempos anteriores a la glasnost o transparencia informativa de Mijaíl Gorbachov en los años ochenta, los periodistas rusos nunca se habían sentido tan marginados del debate político.

A la legislación que los hace redundantes se añade el temor de los propietarios de los medios a meterse en líos y también el comercio de zakazuja (propaganda encubierta pagada). Esta práctica viciada no es reconocida en público ni por las fuerzas políticas ni por los periódicos, pero existe. Según informaciones confidenciales, a menudo se trata de una relación triangular (partido-medio de comunicación-institución de apoyo financiero).

Los implicados firman acuerdos para publicar material propagandístico encubierto y para que no aparezcan informaciones incontroladas. La neutralización de un medio de información central respecto a un tema cuesta centenares de miles de dólares, y por una página de propaganda encubierta a favor de un partido se pagan hoy 60.000 dólares, señalan fuentes informadas. Tentados por el dinero fácil, los responsables de la publicidad de los medios imponen la zakazuja en redacciones, donde algunos aseguran sentirse como en una ciénaga.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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