_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Cemento

Miquel Alberola

La muerte de tres trabajadores de la construcción en un hotel ilegal de La Vila Joiosa ha fijado, una vez más, el foco sobre la trastienda tenebrosa y purulenta del desarrollo urbanístico en el litoral valenciano. Y no sólo por la falta de seguridad sobre la que progresa esta actividad. La impunidad de un promotor, que ha levantado 20 plantas cuando tenía autorizadas 10, y la inhibición sostenida de un alcalde, que se declaró incapaz de hacer nada al respecto porque el constructor no colaboraba, constituyen el logotipo más locuaz de esta época de esplendor cuya raíz se hunde en la corrupción. La espesa consanguinidad que han llegado a trabar en estos años algunos promotores y representantes de las administraciones han atrofiado el brazo de la autoridad y lo han dejado extendido con la palma hacia arriba. Aunque quizá no sea esto lo peor, siendo un escándalo, si se compara con el descrédito que comporta la irresponsabilidad de estos representantes del pueblo para el sistema democrático, cuya proclamación no fue precisamente producto de la obsequiosidad de la dictadura. ¿Con qué descargos justificarán sus partidos a las próximas generaciones el caos urbanístico que se está desarrollando con las complicidades de los ayuntamientos, si cuando lo exigió el guión las organizaciones no sólo no fueron implacables sino que miraron hacia otro lado? Eso sobre suelo urbanizable porque si de rústico se trata ahí está el bochornoso ejemplo de Dénia, donde el 40% de sus viviendas se han construido de forma ilegal sin que los sucesivos ayuntamientos, por los que han desfilado vara en mano el PP, el PSPV y el Bloc, hayan movido un dedo para evitarlo. Con la vista gorda elevada a directriz, incluso ese consistorio se permite el cinismo de aparecer como víctima porque deja de ingresar 18 millones de euros anuales ya que, al carecer de cédula de habitabilidad, estas casas no pagan el IBI, la basura y la potabilizadora. La paradoja es que gran parte de este desastre territorial, que por la noche impregna el aire de basura quemada, se ha producido en democracia. Después de todo, el estigmatizado Benidorm ha resultado ser el modelo más respetuoso con la ley y el medio ambiente.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_