El Ayuntamiento de Novelda adjudicó un polígono industrial a su concejal de Urbanismo
Una sentencia de TSJ anula el acuerdo y el Consistorio la recurre en casación al Supremo
El Ayuntamiento de Novelda, gobernado por el PP, adjudicó en 1999 la urbanización de un polígono industrial a la empresa Pronovelsa, SA, administrada únicamente por el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Ricardo Abad. Una sentencia de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado la adjudicación por su condición de concejal y urbanizador. Abad, edil de este área entre 1999 y 2000, cesó del cargo tras la ruptura del pacto de gobierno con el PP. No volvió al Ayuntamiento hasta un pleno de febrero pasado para votar contra otro polígono.
El alto tribunal considera que el Consistorio no debió adjudicar el Polígono Industrial de Santa Fe al que era concejal de Urbanismo en esos momentos, el edil de Novelda Independiente (NI) Ricardo Abad, coligado con el Partido Popular desde las elecciones municipales de 1999 hasta la ruptura del pacto, a principios de 2000. Ricardo Abad fue destituido de su cargo después de 2000, al quebrarse el pacto de gobierno con la alcaldesa popular, María Milagrosa Martínez, pacto que le proporcionó la primera tenencia de alcaldía y la concejalía de Urbanismo.
Desde entonces, Ricardo Abad mantuvo su acta de concejal, pero permaneció tres años sin pisar el Ayuntamiento. Por sorpresa, apareció en el último pleno de la pasada legislatura, el 20 de febrero, para votar junto a los grupos de la oposición contra la aprobación de otro polígono industrial, en El Fondonet, que le hacía competencia. Ambos polígonos están diseñados para albergar pequeñas y medianas empresas complementarias al sector del mármol, principal industria de la localidad. La creación del polígono de El Fondonet competiría con los 20.000 metros cuadrados de la última fase del polígono de Santa Fe.
El margen de un voto de diferencia, 10 a 11, decantó la votación a favor de PSPV y Bloc, que se oponen a este proyecto urbanístico de la mayoría popular. La ausencia de Abad del Ayuntamiento de Novelda permitió durante años la estabilidad de gobierno del PP. El equipo de gobierno de Martínez se apoyó en sus nueve ediles, uno de Novelda Independiente y otro de Iniciativa Independiente. El PSPV y el Bloc mantenían la oposición con siete y dos concejales respectivamente.
La nulidad dictada por el TSJ se produce tras un recurso contencioso-administrativo presentado por cinco personas que disponían de terrenos en la zona. Los afectados recurrieron contra el Ayuntamiento, gobernado desde 1999 por María Milagrosa Martínez, del PP, por la coincidencia entre la figura del concejal de urbanismo y el cargo de administrador único de la promotora y propietario mayoritario de los terrenos de este plan parcial.
Además, denunciaron supuestas irregularidades en contra de su intereses. Los recurrentes alegaron que la redistribución de parcelas suponía "una merma del suelo inicialmente aportado del 60%". Los demandantes calificaron en el recurso de inadecuada la valoración de una vivienda y criticaron un olvido en la tramitación del expediente urbanístico: no contempló la valoración de una plantación de viñedos ni los beneficios dejados de percibir.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ no entra a dilucidar estos asuntos y se centra en la incompatibilidad de la adjudicación a un miembro del Gobierno municipal. En los fundamentos jurídicos de la sentencia, recuerda que "la condición de concejal de Urbanismo y administrador único de la empresa adjudicataria es incardinable en la prohibición de contratar con las administraciones públicas".
La coincidencia del cargo público y de responsable y máximo beneficiario de la adjudicación obliga a la Sala del TSJ a decretar la nulidad del expediente del Plan Parcial de este polígono industrial, puesto que crea una "contaminación que vicia la gestión urbanística planificada".
El Ayuntamiento de Novelda presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Una sentencia anula el plan parcial donde se ubica el Palacio de Justicia
El Ayuntamiento de Novelda ha sufrido dos grandes varapalos urbanísticos de los jueces. A la sentencia que anula la adjudicación del polígono Santa fe al edil de Urbanismo se une otro fallo del TSJ valenciano que decreta la nulidad del Plan Parcial de María Cristina, la zona de expansión urbana más importante de Novelda, a la vista de que la reparcelación benefició a determinados propietarios, entre ellos a un ex edil del PP, Francisco Cid Pineda, en perjuicio del resto. Esta decisión judicial afecta a los terrenos del nuevo Palacio de Justicia de Novelda.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal considera que se han producido determinadas irregularidades en la "adjudicación de las parcelas" durante la reparcelación de la zona María Cristina.
El TSJ critica el acuerdo firmado por el Consistorio en diciembre de 1996 con cinco de los propietarios de suelo, entre ellos la empresa del ex edil Francisco Cid, Promociones Cid Pineda, SL. El convenio pretendía ceder suelo al Ayuntamiento para "permitirle la adquisición de terrenos destinados a facilitar la edificación del Palacio de Justicia". Sin embargo, en esta cesión de suelo al Ayuntamiento se establecieron otras "condiciones ilegales". El compromiso entre los propietarios cedentes de suelo y el Ayuntamiento establecía la reserva de determinadas parcelas antes del proceso de reparcelación de los 110.000 metros cuadrados del plan parcial. Los acuerdos previos no permiten "al propietario cedente reservarse una concreta parcela, de manera que la adjudicación nazca ya prejuzgada y sea una mera ratificación de los compromisos suscritos entre determinados propietarios y a los que han sido ajenos los restantes titulares de terrenos", dice el fallo.
El fallo señala que el Ayuntamiento acordó con estas empresas "la adjudicación concreta de una parcela, su superficie y ubicación" sin contar con el resto de propietarios. Incluso, en la misma fecha, ya se otorgó la licencia de obras, añade.
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