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La CNE expedienta a Red Eléctrica por el gran apagón de Barcelona de 2001

La empresa operadora es acusada de "infracción grave" por incumplimiento de funciones

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto un expediente sancionador a la empresa Red Eléctrica Española por "infracción grave". En el expediente, abierto casi dos años después de los hechos, la CNE considera "constatado un incumplimiento" por parte de la sociedad que controla el sistema eléctrico nacional en su actuación el día 14 de diciembre de 2001, cuando se produjo el apagón que dejó sin suministro eléctrico a gran parte de Barcelona y ciudades de su cinturón. Por su parte, Endesa, que fue multada por la Generalitat con seis millones de euros como culpable del apagón, queda exenta de responsabilidad.

El gran apagón de 2001 fue provocado por una desconexión automática en las instalaciones de Red Eléctrica situadas en Rubí (Barcelona). Tras analizar las causas de esta desconexión, los expertos de la CNE señalan que existió "un incumplimiento por parte de Red Eléctrica respecto a los requerimientos de selectividad y rapidez exigibles al sistema de protección del abastecimiento", según el expediente informativo del regulador, al que ha tenido acceso este diario y que data de finales del pasado julio. El expediente analiza las causas del apagón y termina con una propuesta de "iniciación formal de expediente sancionador por infracción grave contra Red Eléctrica en su calidad de operador del sistema y gestor de la red de transporte". La sanción podría superar los seis millones de euros.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2001, cuando una caída de tensión en la línea que alimenta una estación transformadora situada en Rubí provocó que las protecciones de Red Eléctrica cerraran el suministro y, por tanto, la corriente de alta tensión (400 voltios) no pudo ser transformada por la empresa distribuidora, Endesa, en media y baja tensión (menos de 200 voltios), lo que, en consecuencia, impidió el suministro a los consumidores finales. A criterio de la CNE, las protecciones de Red Eléctrica actuaron incorrectamente a pesar de que la empresa de transporte había sido requerida por Endesa a subsanar el mal estado de sus instalaciones en Rubí.

"Bajo grado de adecuación"

El organismo regulador destaca "el bajo grado de adecuación de las protecciones del sistema de transporte a los criterios exigidos por la ley" -contenidos en el documento Criterios generales de protección del sistema eléctrico, aprobado en resolución ministerial el 24 de junio de 1999-, y añade que esta adecuación de las protecciones "debería haber sido abordada de forma más exigente" por parte de Red Eléctrica.

En respuesta a la apertura del expediente, la empresa Red Eléctrica, presidida por Pedro Mielgo, ha presentado "alegaciones sustantivas, no únicamente formales, al documento del regulador", según afirmó ayer un portavoz oficial de la compañía. En todo caso, Red Eléctrica considera que "no es el momento de anticipar sus opiniones públicamente, sino de esperar la respuesta definitiva de la CNE".

Después de producirse el apagón de diciembre de 2001, la Generalitat de Cataluña inició dos expedientes informativos: uno a Endesa, como empresa distribuidora, y otro a Red Eléctrica, como responsable del transporte. El primero de estos expedientes concluyó con una sanción de seis millones de euros a Endesa, que la eléctrica recurrió posteriormente.

El segundo terminó con un informe en el que el Gobierno catalán descartaba la responsabilidad de Red Eléctrica en el apagón y paralelamente trasladaba la información al Ministerio de Economía para que éste evaluara a la empresa en su calidad de operador del sistema eléctrico.

Endesa recurrió la multa de la Generalitat, pero sin presentar aval, ya que el Gobierno catalán aceptó esta condición impuesta por la empresa ante el Tribunal de lo Contencioso. Para esclarecer las causas del gran apagón, este mismo Tribunal pidió a la CNE el expediente informativo sobre los hechos. Fue entonces cuando el organismo regulador, que preside Pedro Meroño, aceleró la investigación y llegó a la conclusión que exime de culpa a Endesa y se la atribuye a Red Eléctrica.

En los últimos años, la sanción a Endesa ha sido presentada por la Generalitat como ejemplo de independencia y rigor ante el poder económico. Mientras la eléctrica estaba contra las cuerdas, el Gobierno de CiU negociaba con ventaja el traslado a Barcelona de Endesa Distribución.

Una calle de Barcelona durante el apagón del 14 de diciembre de 2001.
Una calle de Barcelona durante el apagón del 14 de diciembre de 2001.CONSUELO BAUTISTA

La lacra del sistema

En los últimos años, los apagones han sido la auténtica lacra del sistema eléctrico español, sobre todo cuando se producen puntas de demanda como consecuencia del calor o del frío. Además de los expedientes abiertos por el gran apagón de Barcelona, las comunidades autónomas mantienen cientos de ellos contra las empresas distribuidoras (Endesa, Fenosa, Hidrocantábrico, Viesgo e Iberdrola) por fallos en el suministro.

Pero el expediente sancionador abierto ahora por la CNE contra Red Eléctrica demuestra que las distribuidoras no son las únicas culpables. Las redes electricas españolas -también las de alta tensión- están bajo sospecha.

En cualquier caso, la peor parte la llevan las redes de baja y media controladas por las distribuidoras. En Castilla La Mancha hay 25 expedientes abiertos; en Andalucía, 36, que suponen multas por un valor total de medio millón de euros, contra la compañía distribuidora, Sevillana, integrada en Endesa. En Cataluña, a parte de la citada multa a Endesa -la más cuantiosa de cuantas se han puesto en España-, la Generalitat ha sancionado a la misma empresa por lo menos con 400 multas de cuantía muy pequeña.

Los grandes apagones de 2001 en Madrid supusieron un impacto en la imagen de Iberdrola, el mayor suministrador del centro del país. En Mallorca, el Gobierno balear sancionó a Gesa -la distribuidora de Endesa en las islas- con una multa de 0,6 millones de euros por el apagón de verano de 1999 y en la Comunidad Valenciana, el menor empeño sancionador del gobierno autonómico ha encontrado la respuesta de los empresarios piden severidad.

Las compañías tienen planes de inversión en redes de 5.000 millones de euros hasta 2006; el 50% le corresponde a Endesa que tiene filiales regionales

y extrapeninsulares( Gesa en Baleares y Unelco en Canarias).

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