La Comisión Europea paraliza el plan del Gobierno francés para salvar Alstom

La Comisión Europea decidió ayer paralizar la inyección de capital anunciada en agosto por el Gobierno francés para el salvamento del grupo industrial Alstom, valorada en 600 millones de euros. Bruselas recurre a esta medida cautelar excepcional para examinar con lupa el plan de reestructuración diseñado por París y verificar que respeta las reglas en el ámbito de las ayudas de Estado. El Gobierno de París manifestó, extraoficialmente, su sorpresa por la severidad del trato recibido y la convicción de que la Comisión "ha cambiado su jurisprudencia" lanzando el ultimátum de un veto.

Las autoridades francesas tienen cinco días de gracia para presentar un plan alternativo y evitar así la suspensión. El regulador europeo no hace guiños a la hora de aplicar las reglas en las ayudas de Estado y se muestra rígido ante inyecciones de capital público que plantean riesgo para la competencia. Por este motivo, Bruselas quiere examinar con sumo detalle que el montante total de las ayudas previstas en el plan de reestructuración de Alstom permiten "restaurar" la viabilidad del grupo a largo plazo, además de ser proporcionales a ese objetivo de saneamiento.

Pero las explicaciones y alternativas ofrecidas por París durante las últimas semanas se han mostrado insuficientes para disipar las dudas de Bruselas. Hasta tal punto que el Colegio de Comisarios decidió ayer activar con carácter excepcional una orden cautelar de suspensión de la inyección de capital público en la compañía. "Las condiciones se cumplen para ordenar a las autoridades francesas que no pongan en ejecución una participación del Estado a los fondos propios de Alstom", anunció el comisario.

París está obligada a renunciar a la concesión de cualquier ayuda pública mientras esté abierta la investigación sobre el plan de saneamiento de Alstom o, mejor dicho, hasta que no haya una aprobación del paquete por parte de Bruselas. Por un lado, se bloquea una transferencia de 300 millones de euros prevista para la ampliación de capital de Alstom (600 millones de euros). Por otro, se suspende un préstamo de 300 millones de euros que debía concederse a finales de este mes.

La paralización de estas dos transferencias se activará el próximo 22 de septiembre por la vía judicial si el Ejecutivo francés no renuncia antes a la inyección de capital. La otra posibilidad es que París presente una alternativa que le permita incrementar su participación en el capital del coloso francés mientras llega el veredicto de Bruselas.

El hecho de que se habilite al comisario de la Competencia, Mario Monti, de este poder es un paso poco habitual en Bruselas, al que sólo se ha recurrido en cinco ocasiones. La apertura de un expediente de investigación conlleva el bloqueo temporal de cualquier ayuda pública hasta que el regulador europeo no da su autorización. Pero en la práctica esta regla no se cumple porque las ayudas se examinan a posteriori y en caso de decisión negativa se exige la recuperación de la misma.

Inquietud en Francia

Un portavoz del ministro francés de Economía, Francis Mer, se limitó a decir oficialmente que este departamento "continuará negociando" con la Comisión para "salvar una gran empresa europea y sus empleos", pero no ocultó su inquietud por las escasas posibilidades de conseguir un acuerdo en los cinco días concedidos por Bruselas para presentarle otro plan.

El veto de Bruselas provocó ayer el hundimiento del título en la Bolsa de París, cuya cotización fue suspendida cuando perdía un 8,52%. Un conjunto de bancos había acordado hace un mes el salvamento de Alstom, a condición de que el Estado incrementara su participación y se convirtiera en garante de la operación.

El ex ministro Jean-Pierre Chevènement atacó virulentamente a la Comisión, sugiriendo que su presidente, Romano Prodi, y el comisario Monti pueden tener intereses en conseguir que el grupo alemán Siemens se quede con el "monopolio" de la fabricación de trenes y centrales energéticas. Chevènement es el alcalde de Belfort, una de las localidades que se verían afectadas gravemente por la quiebra de Alstom, ya que tiene allí una de sus fábricas más importantes.

El ultimátum de Bruselas se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Francia y la Comisión a cuenta del Pacto de Estabilidad, que alimenta el euro-escepticismo presente en una parte considerable de la sociedad francesa.