Un estudio critica que las nuevas leyes sobre 'copyright' limitan derechos

La Fundación para la Investigación de las Políticas de Información (FIPR) acaba de publicar un detallado estudio sobre la directiva europea de copyright, donde se avisa de que "muchas de las actividades de los ciudadanos europeos pueden prohibirse tan pronto como entre en vigor". Según el informe, que analiza también su aplicación en España, el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual "intenta literalmente copiar las medidas legales adoptadas en Bruselas o en el otro lado del Atlántico, ocultando a los ciudadanos cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de ellas".

Según la organización independiente FIPR, "actividades como transferir canciones de un CD con protección de copia a un walkman o un ordenador, o ver un DVD en un ordenador que funciona con el sistema operativo Linux pueden ser ilegales". El editor del informe, Ian Brown, augura que "estas nuevas leyes impuestas desde Hollywood y la industria discográfica van a eliminar los derechos de los ciudadanos. Deben modificarse para proteger tanto a los dueños de CD o libros electrónicos como a las compañías de medios audiovisuales".

El estudio denuncia que los usuarios no han sido invitados a las reuniones para confeccionar la directiva y las leyes estatales. Así, éstas se centran en lo que interesa a la industria: regular la copia y prohibir saltarse los mecanismos anticopia. El investigador Alberto Escudero-Pascual, autor del apartado dedicado a España, denuncia que "la directiva no es equilibrada, intenta proteger los intereses tradicionales sin entender que las nuevas tecnologías han impuesto modelos diferentes. Actividades como la investigación en seguridad o el software libre no tienen espacio en la ley. Es necesario que se reconozcan los mecanismos de distribución alternativos a las distribuidoras, la relación directa entre autor y usuario, etcétera".

Según el investigador, entre la directiva europea de 2001 y la norteamericana Digital Millenium Copyright Act, hay "muchos puntos en común, en especial el crear un marco legal que criminaliza el uso de tecnologías y herramientas capaces de romper las protecciones. No sólo se criminaliza el uso sino también la tendencia. Puede ser delito analizar un mecanismo de protección o la distribución de una copia privada y será necesario pagar un canon por el soporte, a pesar de que el programa que se grabe sea gratuito". El estudio afirma que la directiva afecta seriamente a los programas libres, la investigación en seguridad, la libre competencia, la diversidad cultural, la libertad de expresión y la privacidad.

En España, se está pendiente de adaptar la Ley de Propiedad Intelectual, mediante un anteproyecto presentado en noviembre del año pasado. Dice Escudero-Pascual: "No veo en el Gobierno muestras de entender las implicaciones de las medidas que quieren adoptar. Los principales argumentos en el debate han sido los roles de la Comisión de Propiedad Intelectual y la definición de copia privada". Otros temas, como la posición vulnerable del software libre o la investigación, casi no han sido incluidos y se ha excluido a sus representantes de los debates. "El Gobierno se ha limitado a reproducir la directiva".

Según el informe de Escudero, "una nota del anteproyecto admite claramente que, debido a la complejidad y el carácter excesivamente técnico de las secciones concernientes a la protección legal de las medidas de protección tecnológica, la nueva ley intenta reproducir la directiva tan fielmente como es posible". En cuanto a las disposiciones que no se han copiado literalmente, dice Escudero-Pascual, la tendencia es "no incluir las excepciones que la directiva permite e incluir algunas limitaciones extras". Por ejemplo, aunque la directiva admite que se exima a los investigadores del delito de circunvalación de las protecciones tecnológicas, en España y otros países sólo estarán eximidos los minusválidos.