Una empresa malagueña reclama a Estados Unidos el pago de una obra desarrollada en la base de Rota

La empresa malagueña Montasa, dedicada al sector de la construcción, reclama a la Marina de Estados Unidos el pago de unos 760.000 euros por un convenio de obra suscrito con el Gobierno de EE UU para la ejecución de unas mejoras en las canalizaciones y la sustitución de un colector en la base naval de Rota (Cádiz).

La obra, detallada en un contrato firmado en el año 1994, excedió el presupuesto inicialmente pactado en los 760.000 euros requeridos. La modificación fue debida a mejoras sobre el plan inicial y que fueron acometidas a demanda del contratante, el servicio militar de obras públicas de la Marina de Estados Unidos. Según la empresa, estos trabajos extras contaban con el consentimiento de las autoridades de la instalación militar.

Una vez concluidos los trabajos, los representantes de la administración norteamericana se negaron a abonar la diferencia incluida en el anexo del proyecto. La empresa presentó una demanda contra el Gobierno de EE UU en el Juzgado número 1 de Rota y el juez condenó a la administración norteamericana, que no se llegó a personar en el proceso y no recurrió el fallo.

La sentencia obtuvo carácter de firme a principios del año 1999. Desde entonces, el demandante ha reclamado en reiteradas ocasiones el cumplimiento del fallo. A pesar de ello, el Juzgado no la ejecutó hasta el pasado 19 de mayo, fecha en la que ordenó el embargo de la cuenta corriente de la que dispone el Gobierno estadounidense en una sucursal del Banco de Andalucía en el interior de la base de Rota. La cuenta dispone habitualmente de fondos norteamericanos para el pago a contratas y proveedores españoles de la base.

El montante, que fue transferido a una segunda cuenta de la que es titular el Juzgado de Rota, no alcanzaba, en el momento del embargo, el total debido a la compañía malagueña, por lo que la empresa solicitó un nuevo proceso que cubriese la totalidad del impago.

La petición coincidió con el cambio de titular del Juzgado de Rota. La nueva juez no atendió la petición alegando la supuesta condición de inmunidad del Gobierno de Estados Unidos. El Juzgado, en base a este criterio, se negó, además, a entregar el dinero previamente depositado en sus cuentas.

Entre tanto, la compañía malagueña se ha visto obligada a presentar un proceso de suspensión de pagos que ha derivado en un enfrentamiento legal con sus trabajadores en el Juzgado de lo Social.

La empresa ha enviado escrito de quejas a los ministerios españoles de Hacienda y de Exteriores, que han respondido que los bienes del Gobierno de Estados Unidos en España son "inembargables" y no han ofrecido soluciones a la demanda de la empresa malagueña.