El Consell pagará a firmas privadas por el uso de nuevas infraestructuras
García Antón pondrá en práctica la nueva Ley de Concesiones
No todas las infraestructuras pueden financiarse con fondos públicos, reconoció ayer el titular de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, quien anunció que en esta legislatura se recurrirá a peajes indirectos o en sombra, cánones o plusvalías de suelo para financiarlas. Según García Antón, la nueva ley de Concesiones, que eleva la participación privada en la gestión de infraestructuras públicas, lo permite. El consejero adelantó que dedicará esta legislatura a completar una red de transporte metropolitano y a sacar adelante el AVE y el trasvase del Ebro.
"Si queremos mantener el ritmo inversor a largo plazo no hay más remedio que poner peajes o cánones a las nuevas infraestructuras", aseguró ayer el titular de este departamente en un encuentro con periodistas para explicar las que serán prioridades de su departamento. García Antón subrayó que la Ley de Concesiones, aprobada recientemente, eleva la participación de la empresa privada en la financiación y gestión de infraestructuras públicas mediante el modelo alemán (pago aplazado), el peaje en sombra (la empresa privada construye y explota y la Generalitat le paga un peaje) o los pagos en especie, con la cesión de terrenos para su explotación comercial a inversores privados.
García Antón añadió que el propio Gobierno español está recurriendo a este sistema, que se está extendiendo al resto de Europa. En este contexto situó el polémico peaje que los transportistas deben pagar por utilizar las carreteras alemanas. El consejero valenciano echó mano de algunas infraestructuras, realizadas o en proyecto, que se han acogido a este tipo de financiación adicional. Es el caso de la circunvalación de Alicante, de peaje para el tráfico de largo recorrido, las autovías radiales de Madrid o la autovía Cartagena-Almería. "No todo puede ir a cargo de los fondos públicos", subrayó García Antón.
El responsable autonómico de Infraestructuras, que tras el cambio de gobierno ha visto modificadas sus competencias -pierde urbanismo y gana nuevas tecnologías y energía-, se refirió a los próximos cuatro años como la legislatura de la "continuidad" y de las realizaciones. García Antón es el único consejero que repite competencias en el Consell que preside Francisco Camps. "Es el momento del AVE y del Plan Hidrológico Nacional", apuntó el consejero, quien aseguró que también será política prioritaria la creación de una red de transporte público metropolitano.
Soterrar el AVE
De la línea de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana, García Antón insistió en que este AVE tiene asegurada financiación suficiente. "El GIF [ente gestor de la alta velocidad en España] lanzará obras y proyectos conforme se resuelvan los procesos burocráticos", aseguró. Esta infraestructura se financiará con los presupuestos del Estado, con endeudamiento y las subvenciones que la UE está pagando a España, tras la conclusión de otras líneas de alta velocidad como Madrid-Zaragoza-Lérida, etcétera. "No habrá problemas", subrayó García Antón. Éste reiteró que la línea estará acabada en 2007 y planteó la posibilidad de que el soterramiento del AVE empiece antes de atravesar el cauce del río.
El consejero anunció, por lo que se refiere al capítulo de energías, que ésta será la legislatura de energías renovables, con especial atención a la generación eólica. "En este momento, éstas representan un 3% de la energía consumida y el objetivo es que represente un 12% en poco tiempo". De las nuevas tecnologías, García Antón se impuso como objetivo la generalización de la banda ancha y la alta velocidad, así como las relaciones en línea entre usuarios de la red.
En materia de puertos deportivos -la Generalitat tiene las competencias transferidas-, el consejero valenciano subrayó que la costa valenciana necesita más de 10.000 nuevos amarres. Según el político popular, los enclaves de Vinaròs, Borriol o Torrevieja tienen todavía margen para aumentar el número de amarres, sin embargo otros puertos, es el caso de Dènia, Santa Pola y otros tantos de la provincia de Alicante están "muy desarrollados o agotados", por lo que lo que su departamento se plantea nuevas ampliaciones, "siempre al abrigo de las normativas mediambientales".
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