La gran industria ve en el Protocolo de Kioto una amenaza a su viabilidad

Las industrias cementeras, papeleras y cerámicas, de sólida implantación en la Comunidad Valenciana, consideran que su viabilidad pende de un hilo. La directiva comunitaria que regula el mercado de derechos sobre emisiones de gases, que entrará en vigor en 2005, ha suscitado inquietud en estos sectores sobre los que, junto con a la siderurgia y la energética, recaen en exclusiva las exigencias del Protocolo de Kioto sobre la reducción de CO2.

Bruselas quiere que los países que emiten menos CO2 vendan sus derechos de emisión a los que contaminan más, para equilibrar las emisiones. Este mercado de emisiones, que empezará a funcionar en enero de 2005, es considerado una "amenaza" para las cementeras, papeleras y cerámicas valencianas, porque se verán empujadas a comprar unos derechos de emisión a unos costes que trastocarán sus cuentas de resultados.

Los principales grupos industriales afectados, como es el caso de la cementera Cemex, son exportadores y operan en mercados abiertos, extremo que impide repercutir los costes de la adquisición de emisiones en sus precios finales, de ahí que estén "seriamente preocupados".

Fuentes de Ascer se manifestaron en la misma línea. "Si el coste de las compras de derecho se ha de reflejar en el precio, las exportaciones pueden caer sensiblemente, afectando gravemente al resultado de las empresas, incluso la viabilidad de algunas y repercutiendo en el nivel de empleo", subrayaron.

Las cifras constatan el formidable peso de estas industrias en la economía valenciana. La cerámica de Castellón, con 220 empresas, da empleo directo a 25.900 personas y genera unos 5.000 puestos de trabajo indirecto. En el caso del cemento, la firma Cemex España -antigua Valenciana de Cementos- cuenta con tres plantas de fabricación en Alicante y Valencia con una plantilla de 527 trabajadores y 2.100 indirectos. De ahí, la trascendencia del resultado de las negociaciones que las industrias españolas de los cinco sectores afectados -cementero, papelero, industria del vidrio y cerámica, energético y siderúrgico - por la citada directiva mantienen con el Gobierno para abordar cómo reducir el impacto de la aplicación de la directiva comunitaria.

El cemento es el sector con mayor cantidad de emisiones después del eléctrico. Si bien este último -principal foco de contaminación- podrá repercutir sus costes por sus emisiones de CO2 en sus productos finales. Por contra, en el caso de las papeleras y de las cerámicas, las emisiones sólo representan menos del 1%. Javier Merle, director de Medio Ambiente y Energía de Cemex España, apunta que las factorías cementeras radicadas en la Comunidad Valenciana "son muy sensibles", ya que las exportaciones de otros países, no incluidos en el Protocolo de Kioto, entran por la costa. Trasladar el coste al precio final del cemento acarrearía la pérdida de competitividad ante empresas, fundamentalmente, del Este y del Norte de África, apunta Merle. La solución pasaría, según Cemex, por que el Gobierno favorezca el uso de residuos como combustibles, cuyas emisiones de CO2 no computan en los límites establecidos por la directiva euro

Los tres sectores exigen al Gobierno una modificación en el reparto del total de CO2 disponible, ampliando el número de sectores afectados y disminuyendo así el impacto sobre ellos. "No se debe cargar sobre unos pocos el coste económico de una directiva que deriva de un compromiso adquirido por todos", apuntaron fuentes de la Asociación Nacional de Empresas Papeleras.

Ascer reclama que el Gobierno reparta las emisiones de CO2 "entre sectores afectados y no afectados de manera que resulte equitativa y realizable". Y Merle apostilla que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España proceden de automóviles y aires acondicionados. "No se puede pretender que el 40% resuelva el tema del CO2".