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Editorial:

Justicia de siempre

La macroencuesta sobre el estado de la justicia que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestra hasta la saciedad, como otras anteriores en los últimos años, que los males de la justicia, en especial la exasperante lentitud de los procesos, siguen muy vivos y que no basta con poner más medios, sino que hace falta, entre otras cosas, una mayor dedicación de los jueces a su función.

No deja de resultar un tanto frívolo que frente al constante descenso de la valoración de la justicia entre los ciudadanos -desde una nota de 5,5 en 2001 al 4,9 en 2003 en una escala de 0 a 10-, el actual Consejo del Poder Judicial ponga más empeño en cuestiones de imagen -contratando un asesor en la materia por 80.000 euros al año- que en adoptar medidas eficaces de inspección para impedir casos escandalosos de desidia judicial como el de Benifallim (Alicante), donde un acusado de asesinato ha salido a la calle, tras cuatro años de paralización de la causa, todavía sin juzgar. Casos así, demasiado frecuentes, no se corrigen con campañas de imagen que sólo contribuyen a ocultar a los ciudadanos una realidad lacerante que sufren en sus carnes quienes tienen que vérselas con la justicia o se ven abligados a pleitear ante los tribunales.

La macroencuesta encargada por el CGPJ tiene la particularidad de haberse realizado sólo entre usuarios de la justicia: denunciantes, denunciados, testigos y víctimas del delito. Su opinión no puede ser más crítica con el Gobierno. La mayoría le culpa directamente de los retrasos judiciales, diferiendo en este punto de la opinión de los expertos que los achacan básicamente a carencias de los propios jueces en la organizacion de su trabajo. La contradicción sólo es aparente. El Ejecutivo es responsable de la dotación presupuestaria -en medios materiales y personales- de la Administración de Justicia, y los gobiernos del PP, sobre todo en su primera legislatura, se han caracterizado por anteponer los objetivos del déficit cero a los de inversión en un servicio publico tan esencial como la justicia, contribuyendo a su deterioro. La dotación presupuestaria-apenas el 1% de los gastos del Estado- ha seguido muy por detrás de la creciente demanda ciudadana en justicia, traducida en nada menos que siete millones de asuntos llegados a los tribunales en 2001.

Pero los jueces, responsables al fin y al cabo de la oficina judicial, tienen también su parte de responsabilidad en que su funcionamiento deje mucho que desear. Muchos de ellos, incluso de las hornadas más jóvenes, siguen teniendo un concepto de su función que casa mal con unas mínimas exigencias de disciplina laboral y un modelo racional de trabajo. La mayoría de los encuestados -el 56%- denuncia una persistente impuntualidad del juez en citas y comparecencias, poniendo de manifiesto una intolerable falta de consideración hacia el justiciable. La oficina judicial queda descabalada con comportamientos de este tipo, contribuyendo con ello a su colapso y desorganización.

El pacto sobre la justicia consensuado hace dos años y medio entre el Gobierno y el PSOE, que parecía encaminado a conseguir por fin una organización judicial accesible a los ciudananos y razonablemente ágil en sus resoluciones, ha resultado un fiasco. El Gobierno lo ha utilizado arteramente para instrumentalizar a la justicia al servicio de su política de seguridad y como pantalla de su ofensiva de cambios legales de corte regresivo, como la reforma del Código Penal aprobada el jueves por el Congreso y la pendiente de la prisión provisional. Pero sigue inédito en cuanto a la adopción de medidas para modernizar y mejorar el entramado judicial. Salvo el parche de los juicios rápidos, la maquinaria judicial sigue igual de lenta y oxidada que siempre. Y así lo perciben y atestiguan los ciudadanos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de septiembre de 2003