La Ley de Extranjería mantiene en el subempleo a 500.000 'sin papeles'

La reciente reforma de la Ley de Extranjería, aprobada el pasado jueves por primera vez con el apoyo del Gobierno y el PSOE, no incluye ningún punto dirigido a acabar con la bolsa de al menos medio millón de inmigrantes irregulares que hay en España. Todos ellos trabajan en la economía sumergida que, según los últimos estudios, supone el 23% del PIB en España. Sindicatos y asociaciones señalan este aspecto como uno de los grandes déficit de la nueva normativa.

La nueva normativa aumenta las sanciones pero no propicia denunciar la explotación

"Es un tema tabú", dice la portavoz de Inmigración de UGT, Almudena Fontecha, "el mayor déficit de la nueva Ley es que no se da ninguna solución a los inmigrantes que ya están aquí. Las sanciones a los empresarios que utilicen mano de obra irregular ya se recogen en la actual ley. Lo único que hacen es aumentar las sanciones. Pero el problema no es ése sino que, mientras exista una bolsa de trabajadores clandestinos, los empresarios la usarán para abaratar costes y empeorarán las condiciones laborales. Mientras la Administración no dote a la Inspección de los recursos necesarios, no se podrán perseguir estos abusos. Y mientras no exista una garantía jurídica y legal que ampare al inmigrante explotado para que pueda denunciar su situación sin perderlo todo, resultará complicado que afloren toda esa multitud de casos", explica.

Pero basta madrugar un poco para ser testigo de que existen. A partir de las 6.30 de la mañana, la plaza de Beata María Ana de Jesús empieza a llenarse de hombres más bien bajitos con pequeñas mochilas; hombres de rasgos achinados y pieles aceitunadas con gestos somnolientos. La escena se repite de lunes a viernes en el madrileño barrio de Arganzuela.

Cuando todavía es de noche, los hombres se concentran entorno a dos paradas de autobús y esperan el transporte que les llevará a Valdemoro, a Pinto o a Ciempozuelos, todos pueblos de la periferia de Madrid. Los autobuses pasan sobre las siete menos cinco y, dentro, uno creería estar en Ecuador. La mayoría de los asientos están ocupados por ecuatorianos (el colectivo de inmigrantes más numeroso en España). Casi ninguno tiene papeles. Pero todos van a trabajar en algún proyecto de construcción. Ésa es la realidad de la economía sumergida y del trabajo clandestino: tan patente y manifiesta, como oculta y secreta.

"Llegué hace unos meses como turista para buscarme la vida y huir de la mala situación económica que vive mi país", dice Juan, un ecuatoriano de 32 años, que esperaba el autobús el viernes para ir a trabajar. "La cosa no está fácil. Yo conseguí el empleo gracias a un amigo. Trabajo en el pladur haciendo reformas. Sí, de manera irregular, pero no hay de otra. Ahorita no nos dan los papeles y yo tengo que comer y mandar dinero allá a mi familia".

Algo parecido cuenta Raúl: "Trabajo en reformas haciendo de todo, empecé como peón de albañil y llegué hace poco más de un año. Vine yo solo, aunque ahora vivo con otros cuatro compatriotas en un apartamento. Me pagan en dinero, unos 700 euros al mes y trabajo de 8.00 a 18.00 horas. ¿Hasta cuando?, hasta que vengan a la obra a pedir papeles y nos echen".

Ambos dijeron desconocer el nombre de la empresa para la que trabajan: "Nosotros vamos donde nos dicen, hacemos lo que nos dicen y volvemos a casa. Cambiamos de lugar de trabajo a menudo y, al final, lo único que nos importa es conocer el nombre del jefe que es quien nos paga".

Se calcula que el número de indocumentados que hay en España ronda el medio millón, o al menos ésa es la cifra que, más o menos, manejan la Administración, los sindicatos y las asociaciones de inmigrantes. La mayoría de ellos trabajan en el sector agropecuario, en la construcción o en el sector servicios, convertidos en una especie de trabajadores fantasma.

Según un estudio publicado este verano en Papeles de la Economía Española de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas), el 23% de la actividad económica que se realiza en España es sumergida, lo que supone unos 130.000 millones de euros, y la tendencia es a crecer. Es más, según otro estudio reciente del Instituto de Estudios Fiscales (adscrito al Ministerio de Hacienda), el volumen de economía sumergida ha aumentado progresivamente en las dos últimas décadas, a la vez que la inmigración. El aumento ha sido de cinco puntos desde los años ochenta. Actualmente, sólo Grecia e Italia superan a España en la UE en este terreno con un 30% y un 27% respectivamente. Según la Comisión Europea, la inmigración se ha convertido en el principal acelerador de la economía sumergida en Europa.

"Es un fenómeno que tiene efectos negativos para la economía misma, para las condiciones de trabajo, para las prestaciones sociales, para todo", dice Lola Liceras, portavoz de CC OO. "La sociedad es muy permisiva y no favorece la denuncia de estas situaciones".

Sindicatos y asociaciones de inmigrantes coinciden en que, del mismo modo que se concede el permiso de trabajo y residencia a las prostitutas extranjeras que ayudan a desmantelar mafias de tráfico de personas, se debería fomentar la denuncia de las personas que están explotadas laboralmente para normalizar esas actividades y, así, a las personas que las realizan.

Este periódico trató de recoger la opinión de la patronal (CEOE) al respecto, pero no obtuvo respuesta, salvo que no se habían realizado estudios.

Según el último balance de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, el año pasado se detectaron 8.413 infracciones laborales en las que había inmigrantes implicados, un 23,5% más que el anterior. No obstante, también se produjeron más actuaciones en empresas en las que trabajaban inmigrantes: 25.862, para ser exactos (un 33% más que en 2001). En total, en 2002 afloraron 63.905 puestos de trabajo, un 3% más que en el año anterior.