La inmigración desde todos los frentes

No es ninguna casualidad que el Centro de Comunicación y Servicios Interculturales (CCSI) de Torrent haya sido visitado por técnicos de la Diputación de Barcelona y que se hayan interesado por sus actividades desde otras provincias. El funcionamiento de este servicio, inicialmente diseñado para ofrecer asistencia a los inmigrantes de la Mancomunitat de l'Horta Sud, ha rebasado sus fronteras originales gracias a contar con una de las estructuras más completas y especializadas en lo que respecta a asistencia a trabajadores extranjeros y sus familias. No es raro el día que reciben personas de La Safor, La Ribera o Valencia para reclamar asistencia ante los vacíos de la Administración en la ayuda a los inmigrantes. Incluso desde la propias instituciones públicas, como el hospital La Fe o el General de Valencia, o el Centro de Acogida a los Sin Techo del Ayuntamiento de Valencia

, se ponen en contacto con los profesionales del CCSI ante la falta de intérpretes.

Pese a ello y las 3.100 personas que han pasado por el centro, su responsable, José Manuel Pérez, teme tener que echar el cierre, al menos a determinadas áreas, debido a la falta de compromiso por parte de la Administración a la hora de colaborar en la financiación de los servicios. A pesar de la buena disposición inicial que mostró el anterior consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, Pérez apunta que los responsables de este departamento han eludido hacerse cargo, total o parcialmente, de los 360.000 euros anuales que cuesta mantener las actividades y a los profesionales. Ni siquiera los contactos con la actual directora general de Inmigración, Lina Insa, han dado más frutos que la aportación de 6.000 euros. Y ello, pese a que este centro asume una papel que le corresponde a la Consejería de Bienestar Social: la integración de los inmigrantes que residen en la Comunidad Valenciana.

"Si te crees la integración y los derechos que tienen los inmigrantes el resultado es un centro lo más abierto posible". Esta es la filosofía que impulsa el CCSI como apunta Empar López, miembro del equipo jurídico, y es el planteamiento que ha hecho posible la amplitud de miras de la ayuda que se ofrece desde el centro. Junto a López, María Ruiz trabaja en el área jurídica resolviendo la situación legal de los extranjeros. Pero además, se atienden otros frentes como los diversos problemas psicológicos que acompañan el cambio de país, la incertidumbre de la búsqueda de empleo o la integración en una nueva sociedad, que atiende la psicóloga, Ángela Quintero, italocolombiana. Fátima Outaleb, argelina y especialista en filología hispana, se ocupa del área de traducción e interpretación, y las clases de castellano, francés y árabe mientras que Gisela Galán, socióloga, trabaja en área social, donde se ofrecen talleres de habilidades sociales o mediación para el acceso a la vivienda. Además, existe una parcela laboral, de la que se encarga la psicóloga social Cristina Vila, donde se busca empleo y se trabaja en actividades formativas. El equipo lo completa Hinda Feraoun, también argelina, que es quien recibe a los inmigrantes además de ocuparse del área de actividades, una de las más importantes. Colegios, asociaciones vecinales, juveniles o de mujeres acceden desde las diversas actividades que ofrecen -videofórum, talleres, seminarios- a una nueva visión de la inmigración, en el extremo opuesto de los tópicos.

La Mancomunitat de l'Horta Sud -integrada por 20 municipios- , que rehabilitó las dependencias en las que trabajan, gracias a un programa europeo, corre con el mantenimiento del edificio, pero no con los programas, a pesar de que "saldrían a 18.000 euros por cada municipio", como apunta Pérez. Hasta el momento, a falta de un mayor compromiso de las administraciones, el CCSI recurre para cubrir las actividades a porciones de programas municipales y subvenciones diversas que mantienen en una eterna cuerda floja la supervivencia del centro, pese a su reconocimiento.