Pactos de inmigración

No es el pacto sobre la inmigración que quería el PSOE, similar al que gobiernos de otros países europeos con fuerte presión migratoria han propiciado con las fuerzas políticas y los agentes sociales, pero el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE sobre la reforma de la Ley de Extranjería -la tercera en apenas tres años de vigencia- tiene el mérito de romper la incomunicación entre ambos partidos y de aproximar su posición en aspectos parciales de la política de inmigración.

El interés del PSOE en mejorar una ley del Gobierno, a pesar de su desacuerdo de fondo con ella y de que algunos de sus artículos más característicos estén recurridos ante el Constitucional, es un ejercicio de responsabilidad política. Que el Gobierno haya rechazado un pacto institucional desde la presuntuosa creencia de que sólo él tiene las recetas válidas no exime a la oposición de intentar corregir derivas peligrosas. Al fin, el Ejecutivo ha decidido hacer un ejercicio de realismo político al buscar la complicidad del principal partido de la oposición en un asunto que se complica por momentos y que, además de una ley mínimamente consensuada, exigirá acuerdos entre todas las administraciones públicas.

La aceptación por el PP de 20 enmiendas del PSOE a la tercera reforma de esta ley parece significar un cambio de actitud del Ejecutivo. Sobre todo si se tiene en cuenta que su propósito inicial era trasladar sin más a la Ley de Extranjería los artículos de su reglamento abolidos por el Supremo por extralimitarse en la restricción de derechos fundamentales. Las enmiendas del PSOE no cambian la naturaleza ni la orientación fuertemente restrictiva de derechos de la Ley de Extranjería, pero abren algunos portillos a la inmigracion legal, como la concesión de un visado de tres meses de duración para búsqueda de empleo, la autorización de residencia temporal en casos de arraigo o de colaboración con la justicia y la ampliación del reagrupamiento familiar a hijos menores o discapacitados del inmigrante regularizado.

La lucha contra la inmigración irregular y las mafias que trafican con ella -una bandera común de la que en modo alguno puede apropiarse el Gobierno- no pasa sólo por medidas represivas directas, como sancionar a las compañías aéreas que no informen sobre sus clientes que viajan a España y no hacen uso del billete de vuelta. Pasa también por abrir otras vías efectivas a la inmigración legal, reducidas en la actualidad al deficientemente gestionado cupo anual de mano de obra extranjera. La política del Gobierno deberá mejorar mucho en este aspecto si los Quince acuerdan en su reunión de hoy en Roma establecer una cuota de inmigración legal para toda la UE a partir de la cuota nacional que determine cada país miembro.