España concederá a partir de enero visados a inmigrantes para buscar empleo

El PSOE y el Gobierno llegaron ayer a un acuerdo para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería que planteó el Partido Popular, en lo que supone el primer gran pacto que suscriben ambas partes en esta materia. Los socialistas han accedido a respetar el espíritu de las modificaciones que planteaba el Ejecutivo a cambio de que éste le haya admitido las 24 enmiendas que presentó al texto, con sólo cuatro transacciones, incluida la creación del visado de tres meses para buscar empleo. La intención es que el pleno apruebe el proyecto a finales de este mes o principios de octubre, para que la reforma, la cuarta, entre en vigor en enero.

El acuerdo, al que se ha sumado Coalición Canaria, consagra el visado como único documento que permite entrar y trabajar legalmente en España, limita la admisión de inmigrantes a las capacidades reales del mercado de trabajo, refuerza los controles de entrada y agiliza los trámites de expulsión. CiU ha anunciado que no se opondrá a la ley, pero que se abstendrá por no haber logrado para las comunidades autónomas más competencias en la gestión de la inmigración.

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CiU anuncia su abstención al no obtener más competencias para las autonomías

El acuerdo fue cerrado apenas unas horas antes de que las enmiendas a la ley comenzaran a ser debatidas en el Congreso. Consuelo Rumí, responsable socialista de los temas de Inmigración, e Ignacio González, secretario de Estado para la Extranjería, celebraron dos reuniones para perfilar los flecos del acuerdo. La última reunión contó con Ángel Acebes, ministro del Interior.

Consuelo Rumí fue la encargada de anunciar el acuerdo, que calificó como "un camino de acercamiento para negociar otros temas de inmigración". La responsable socialista de Políticas Sociales y Migratorias subrayó que el PSOE ha conseguido uno de sus objetivos fundamentales, el "abrir vías para la entrada regular" con mecanismos como la introducción en la ley de un visado de tres meses de duración para la búsqueda de empleo en el que el cara a cara entre empleador y trabajador es fundamental, como en el servicio doméstico.

Los socialistas han conseguido también introducir una enmienda para penalizar a los empresarios que contraten inmigrantes sin papeles y ha logrado abrir la mano del Ejecutivo en la reagrupación familiar, especialmente para las mujeres víctimas de violencia doméstica, "que podrán obtener un permiso de residencia independiente al de su cónyuge". Igualmente, ha introducido una modificación en el artículo 30 de la reforma para que se puedan conceder permisos de residencia temporal por "situaciones de arraigo, razones humanitarias o de colaboración con la justicia "para las víctimas de las mafias de traficantes y proxenetismo", pero ha tenido que eliminar de ese texto la posibilidad de obtener la residencia "cuando se acredite un periodo mínimo de permanencia de cinco años".

Rumí explicó que con el acuerdo alcanzado se abre "una colaboración en positivo" con el Gobierno y se consigue "una ley más garantista que acabe con esa marea de inmigración irregular". El resto de enmiendas aceptadas por el PP y el Gobierno son de carácter técnico y de garantías legales, especialmente aquellas que limitan los accesos de las fuerzas de seguridad al Padrón Municipal de Habitantes, a la información sobre el pasaje que puede exigirse a las compañías aéreas o la delimitación de las garantías, derechos y deberes de los extranjeros en los Centros de Internamiento.

La dirigente socialista agradeció al PP y al Gobierno el esfuerzo negociador, cumplido que fue devuelto poco después por Ángeles Muñoz, la responsable parlamentaria de los populares en estos asuntos, y por el propio Ignacio González. "Con el acuerdo se enriquece el texto pero la idea base del Gobierno y el PP para plantear la reforma se mantiene", coincidieron Muñoz y González. Pese a todo, el PSOE mantiene vivo el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra el capítulo referido al catálogo de derechos de los inmigrantes contenido en la ley ahora en proceso de reforma.

Ignacio González explicó que se ha intentado un compromiso con CiU, "que está de acuerdo con los aspectos básicos de la ley pero reclama competencias plenas en la gestión de la inmigración para las comunidades autónomas". Carles Campuzano, titular de CiU en el Congreso para temas migratorios, calificó ayer de "positivo" el acuerdo PP-PSOE, pero explicó que la falta de acuerdo en el reparto competencial impide sumarse a él. La intención de CiU, añadió, es abstenerse en las votaciones de la ley, que rechazan IU y el Grupo Mixto e, inicialmente, el PNV.