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La Ley de Consumo amplía a dos años la garantía de los productos nuevos

Los consumidores también podrán reclamar durante un año por los bienes usados

Con 20 meses de retraso entra en vigor la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. A partir de hoy, los productos nuevos pasan a tener dos años de garantía, frente a los seis meses actuales. Los usados y las reparaciones también tendrán garantía, de un año en este caso. El vendedor es, desde hoy, el responsable ante cualquier disconformidad y el comprador podrá optar por la reparación del producto averiado o el cambio por uno nuevo. Las organizaciones de consumidores recelan sobre varios puntos de la ley aunque celebran que por fin haya entrado en vigor.

Los consumidores que detecten alguna anomalía o tengan una falta de conformidad con el producto adquirido tendrán, teóricamente, un camino más sencillo para que su reclamación tenga éxito. El vendedor deberá hacer frente a las reclamaciones, en vez de los fabricantes o distribuidores, que es lo que sucedía habitualmente. El comprador podrá solicitar al vendedor que le repare la deficiencia, que le haga una rebaja del precio o que le cambie el producto. Hay una cláusula en la que el vendedor, si considera que con el cambio pierde mucho dinero (en coches, por ejemplo) podrá optar por no hacerlo. En este caso, el comprador deberá recurrir ante una Junta arbitral de Consumo o ante la Justicia ordinaria. El plazo para estos trámites es de tres años.

Artículos usados

La garantía es otro de los puntos que favorecen a los usuarios. Los productos de segunda mano pasan a tener una garantía mínima de un año, siempre que se compren a un vendedor. No es válida cuando la compra se realiza a otro usuario. Los productos nuevos pasan de tener una garantía de seis meses a dos años. Durante los seis primeros, el consumidor podrá reclamar de forma automática el cambio o la reparación del producto. Durante los 18 restantes deberá demostrar que ha sido un defecto de fabricación y no el mal uso que hizo de él lo que provoca la queja. Las organizaciones de consumidores OCU y FACUA critican duramente este punto, al que denominan como "la prueba diabólica" ya que consideran que será prácticamente imposible para el comprador demostrar que el problema se debe a un fallo de fábrica.

La norma afecta a la venta de electrodomésticos y vehículos, pero no a productos no duraderos como la comida o la ropa y tampoco a bienes inmuebles. Otro de los puntos criticados por las asociaciones de consumidores es el conflicto que se puede originar en las reparaciones que requieran una pieza nueva, como por ejemplo un cambio de marchas en un vehículo. Se deberá demostrar que el fallo es de la pieza y no de la mala instalación. Lo mismo sucederá con las instalaciones de aire acondicionado. Aquí el litigio afectará al usuario, al instalador y al vendedor.

Esta ley es la trasposición de una directiva europea. Anteriormente, se regulaba mediante el Código Civil y la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. El Parlamento Europeo, tras aprobar esta directiva el 25 de mayo de 1999, dio de plazo hasta el 1 de enero de 2002 para que los países de la UE la aplicasen. España ha tardado 20 meses. Francia, Bélgica y Luxemburgo son los tres países que todavía no han traspuesto esta directiva. La OCU no descarta denunciar al Estado, como ya hizo el año pasado por el retraso de la directiva sobre multipropiedades, si algunos usuarios se sienten perjudicados por la tardía puesta en marcha de la ley.

Tanto desde el PSOE como desde la OCU critican que el Gobierno se haya limitado a traducir "esta directiva de mínimos" y no la haya ampliado. De las enmiendas parciales presentadas por el PSOE sólo fue admitida la que solicitaba que el Gobierno realizase una campaña informativa a usuarios y vendedores, explica la responsable de consumo del PSOE, Pilar Pozuelo. La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, dijo que desde principios de mes se están repartiendo 15.000 folletos explicativos en asociaciones de consumidores, oficinas municipales y autonómicas de información al consumidor. Pastor aseguró que la campaña no se inició antes para no confundir a los usuarios con la fecha de entrada en vigor de la ley. No hay prevista ningún otro tipo de campaña informativa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de septiembre de 2003