La juez anula tres operaciones de la promotora de pisos CPV
Las 1.200 familias perjudicadas por la Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) pueden abrigar alguna esperanza de recuperar parte del dinero que entregaron a cambio de los pisos que no se han construido. La juez que investiga la quiebra de esta empresa ha anulado la permuta por la que esta promotora cedió varias fincas a Jabbar Inversiones en Madrid y en otros puntos de España por valor de 8,8 millones de euros en agosto de 2002, apenas dos meses antes de que estallara el escándalo.
Esta decisión judicial se ha conocido el mismo día en que el presidente de Jabbar, Javier Sánchez-Lázaro, difundía la siguiente nota: "Ni mi persona ni la indicada sociedad [Jabbar], desde que ostento la presidencia, hemos protagonizado estafa o proceso similar alguno. No puede citarse ninguna estafa o escándalo inmobiliario en la que hayamos tenido parte".
El consejero delegado de Jabbar es Pedro García Valero, compañero de trabajo en la copistería Micc para la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid, desde 2001 hasta su despido en agosto pasado. Javier Sánchez-Lázaro es hermano de los dueños de Micc.
A cambio de cuatro fincas adquiridas por CPV en Algete (Madrid) y otras en otras provincias, Jabbar ofreció a la promotora la entrega de una finca rústica de 32 hectáreas en Chinchón cuando fuese recalificada. Esta recalificación ya la había iniciado la corporación municipal, gobernada por el PP -ya estaba definida como suelo urbanizable en el avance del nuevo planeamiento urbanístico-, pero cuya aprobación definitiva frustró la victoria electoral del PSOE en dicha localidad. Esta permuta, según los abogados de los perjudicados, suponía un "vaciamiento patrimonial" de la promotora.
La juez de primera instancia número 9, Mercedes de Mesa, ha anulado dicha permuta por entender que "al declararse la quiebra de CPV se fijó como fecha de retroacción el 1 de enero de 2002, afectando a todos los actos de dominio y administración desde dicha fecha, siendo los mismos nulos".
Compra a los menesianos
Este auto judicial no sólo anula la permuta por la que CPV traspasó bienes por valor de 8,8 millones, sino la compra que esta empresa realizó el 22 de enero de 2002 de cuatro fincas, situadas en Algete, a la congregación de Hermanos de la Instrucción Cristiana (hermanos menesianos), por un monto de unos tres millones de euros. Así, esta congregación religiosa deberá depositar el dinero recibido a cuenta y, a cambio, recuperará las fincas vendidas entonces a CPV. Esta promotora, amén del dinero que entregó a los menesianos, debe recuperar los bienes que entregó a Jabbar en agosto de 2002 y que se repartían entre Alicante, Segovia, y Toledo. Todos estos bienes pasarán a disposición judicial.
La juez también invalida las aportaciones realizadas por CPV al capital de la sociedad Sorbe 2000, que también gestiona García Valero, a la que la promotora había aportado los terrenos comprados a los menesianos.
