¿Quién teme a la Corona de Aragón?

La propuesta de Pasqual Maragall ha abierto, si no un debate, al menos la caja de los truenos. Sólo ha faltado amenazar con la condena eterna a quienes sueñan con recuperar, dándole un contenido apropiado a los tiempos que corren, nuestra venerable forma política medieval. Sin embargo, la idea de crear una eurorregión en el Mediterráneo Nordoccidental que articule la cooperación entre los territorios de la vieja Corona y regiones francesas limítrofes y que refuerce su capacidad de defensa de intereses comunes tanto en el contexto español como en el europeo resulta plenamente coherente y es perfectamente viable.

Las cuatro comunidades de Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia, representan hoy en día un papel de primera magnitud en la economía española, con el 31% de la población y nada menos que el 36% del Producto Interior Bruto del conjunto del país. Un dato interesante es el relativo a la densidad de los vínculos comerciales que las unen, que habla bien a las claras de la fuerte interrelación que existe entre sus procesos de crecimiento económico. Para Cataluña, el País Valenciano es el principal socio comercial, tanto desde el lado de la exportación como desde el de la importación. Lo mismo ocurre a la inversa: en relación a los flujos comerciales con origen o destino en el País Valenciano, la participación más destacada corresponde a los que tienen lugar con Cataluña. A su vez, ambas regiones son, con gran diferencia, el principal origen de las importaciones llevadas a cabo por Baleares, y también el destino más importante de sus exportaciones. Merece la pena mencionar asimismo que Cataluña y Valencia constituyen los principales socios comerciales de Aragón, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones.

La eurorregión propuesta permitiría aprovechar mejor las importantes sinergias que se producen en el desarrollo de los dos ejes más potentes de expansión económica de España, el del Valle del Ebro y el del litoral mediterráneo. Con la ventaja añadida de que se trataría de una operación en que a las ventajas puramente económicas de la coordinación de políticas de infraestructuras, de compartir experiencias de desarrollo de un tejido económico bastante similar, en que tienen un papel muy relevante las pequeñas y medianas empresas, y de lograr algo tan importante como una mayor visibilidad y presencia en el espacio europeo, se añadiría el potencial simbólico de un pasado histórico compartido y el valioso presente de una lengua y bastantes aspectos culturales comunes en el área catalano-valenciano-balear. A nadie se le oculta sin embargo que este último aspecto se contempla probablemente como una anotación en el debe y no en el haber desde el punto de vista de quienes rápidamente han salido a descalificar la propuesta del líder político catalán.

Sin embargo, rechazar a comienzos del siglo XXI por razones de política de campanario la idea de constituir una eurorregión transfronteriza en esta parte del Arco Mediterráneo revela una curiosa mezcla de desconfianza y desconocimiento. No sólo por la existencia previa de múltiples experiencias similares, como la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal, creada hace ya más de diez años y presidida por el conocido nacionalista Manuel Fraga Iribarne, sino por razones de más envergadura. No es la menor el poder aprovechar seriamente la buena disposición de la Comisión Europea para desarrollar estrategias de ordenación del territorio que sin afectar a la soberanía política de los Estados miembros trasciendan los límites de las viejas fronteras estatales. Tampoco carece de importancia la oportunidad de impulsar proyectos comunes a las regiones concernidas, aprovechando iniciativas comunitarias como Interreg, dotadas presupuestariamente por los Fondos Estructurales Europeos y diseñadas para facilitar precisamente la cooperación interfronteriza e interregional. Es éste un aspecto que cobrará cada vez más relieve, especialmente cuando nuestra región deje de ser incluida, por haber superado cierto umbral de desarrollo económico, dentro del Objetivo 1 de la Política Regional Europea, lo que está ya a la vuelta de la esquina, es decir a partir de 2006.

¿Existe algún riesgo de que los intereses específicamente valencianos puedan verse postergados como consecuencia de la creación de una eurorregión con los territorios de la antigua Corona? Es difícil ver cómo podría ocurrir esto, desde el momento en que tanto los acuerdos de colaboración como las instituciones que pudieran crearse sólo nacerían por acuerdo mutuo entre los gobiernos autonómicos respectivos y tendrían exactamente el alcance y las competencias que éstos juzgaran oportuno delegarles. A diferencia de las comunidades autónomas, el Estado Español o las Comunidades Europeas, la eurorregión no sería con toda probabilidad un ente político dotado de soberanía propia, sino que su funcionamiento sería más parecido al de las actuales organizaciones internacionales, en que la capacidad decisoria recae en última instancia en cada uno de sus miembros. Resulta ilustrativo el conocer por ejemplo como está organizada la eurorregión Mosa-Rhin, que incluye regiones belgas, alemanas y de los Países Bajos, en las que se hablan tres lenguas distintas. Consta de un Comité Directivo, formado por los máximos representantes políticos, un Consejo Eurorregional que incluye además de mandatarios políticos a representantes de organizaciones sindicales y patronales y miembros de las Universidades, entre otros, una Oficina Permanente, con delegados regionales y un gerente para el programa Interreg, y toda una serie de grupos de trabajo de tipo sectorial formados por especialistas. Además de aplicar programas operativos de interés mutuo, -cofinanciados por la Unión Europea-, que han actuado en el campo de las infraestructuras, el Medio Ambiente, el mercado de trabajo y la promoción cultural, ha creado las condiciones para que nacieran espontáneamente acuerdos de cooperación entre las Universidades, Consejos de Consumidores, y Cámaras de Comercio de las regiones miembro.

La eurorregión Mosa-Rhin es sólo un ejemplo. Del mismo modo, los intereses concretos e individuales de las regiones componentes podrán coincidir en unas ocasiones o divergir en otras, ya que la competencia y la cooperación son fuerzas igualmente dinámicas, si existe un terreno de juego institucional apropiado. Ninguna estructura estatal, supraestatal o supraregional puede subsistir sin aceptar de entrada la existencia potencial de intereses contrapuestos, resolubles siempre por vía democrática, como la ya larga historia de las instituciones europeas nos enseña. No parece sin embargo que el hecho de que el Alcalde de Perpignan, el President de la Generalitat, el de la Diputación General de Aragón, etc., puedan sentarse un buen día y discutir juntos tanto de lo que les une como de lo que los separa sea suficiente como para poner en crisis nada menos que la Constitución. En realidad estarían dando forma y contenido a un discurso, bien conocido por estos lares, sobre el Arco Mediterráneo y la construcción europea, pero que desgraciadamente no ha ido hasta ahora más allá de la pura retórica, y a la vez contribuirían a pavimentar una ordenación del territorio en red , -de ciudades, de regiones, de polos culturales-, mucho más moderna y participativa que la vieja estructura radial a que tan aficionados han sido hasta el presente los sucesivos ministerios de Obras Públicas o Fomento. Es sabido que el viejo mercado interior español protegido por fuertes barreras aduaneras ha pasado a mejor vida, y le han acompañado al baúl de los recuerdos, la peseta, las empresas públicas de la época autárquica y los controles fronterizos. La concepción radial de las comunicaciones y de la vida política sigue en cambio ahí, y la inconclusa autovía Valencia-Somport, al igual que el aún inexistente TAV Valencia-Barcelona, son un buen testimonio de que, por lo visto, los ejes transversales de transporte que no pasan por Madrid no son prioritarios.

En suma, la Constitución Española está viva y bien, y lo mismo puede decirse de los Estatutos de Autonomía, tan saludables que pueden soportar una reforma consensuada que los mejore. No es la Constitución por tanto lo que peligra a partir de una propuesta como la que aquí se ha comentado. Lo que si corre riesgo es una visión caduca de la articulación del Estado Español, tanto económica como política, que ha sustituido el viejo discurso de "Madrid y las provincias", por el más políticamente correcto de "Madrid y las comunidades autónomas", pero que sigue fiel a su esencia: el punto de referencia es siempre el centro. ¿Porqué no atreverse a sacar todas las consecuencias de los nuevos escenarios económicos que ha creado la Unión Europea? ¿porqué no aprovechar la oportunidad de desarrollar tareas comunes con nuestros vecinos de este rincón del Mediterráneo? Me gustaría vaticinar que un poco más de confianza en sí mismos, y en las fuerzas colectivas del pueblo valenciano, pagará réditos electorales a largo plazo a los políticos valencianos que se atrevan a romper los esquemas mentales de la subordinación política. Pero es sin duda una ingenuidad. ¿Quién piensa en política en el largo plazo?

Ernest Reig es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València.