Líderes del Parlamento vinculan los ataques a Solbes con su defensa del Pacto de Estabilidad

Los líderes de los principales grupos del Parlamento Europeo relacionan los ataques públicos que a raíz del caso Eurostat está recibiendo el comisario español Pedro Solbes con la cerrada defensa del Pacto de Estabilidad que realiza el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios. El escándalo surgido en Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea donde se han descubierto cuentas ocultas y contratos ficticios, ha marcado esta semana la reanudación de la vida política en Bruselas a la vez que países como Alemania y Francia anuncian déficit públicos que superan los límites de un Pacto cuya flexibilización vienen reclamando desde hace meses.

El eurodiputado liberal británico Graham Watson, del mismo grupo al que pertenece el actual presidente de la Eurocámara, el irlandés Pat Cox, ha sido el que ha ido más lejos al mostrarse partidario de exigir la dimisión de Solbes en cuanto exista alguna prueba de su responsabilidad política en el caso porque de él depende jerárquicamente Eurostat. En medios periodísticos alemanes y británicos también se han difundido estos días informaciones según las cuales Solbes habría mostrado ya su disposición a dimitir y que incluso ya se barajaba que fuera sustituido en el puesto por el francés Pascal Lamy, hoy comisario de Comercio, que ha reiterado públicamente su opinión favorable a la flexibilidad del Pacto.

Como responsable jerárquico de Eurostat, nadie pone en duda que la situación del comisario español es "complicada y difícil", como reconocen en su propio entorno, pero hasta el momento no han concluido ninguna de las investigaciones en marcha, que también podrían arrojar datos contra el comisario británico Neil Kinnock, de Personal, y la alemana Michaele Schreyer, de Presupuestos, así como contra el propio presidente de la Comisión, Romano Prodi.

Pese a que los tres comisarios afectados son de izquierdas, el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Hans-Gert Poettering, se ha mostrado muy prudente hasta el momento. "No vamos a permitir juicios de valor previos", ha comentado entre sus eurodiputados este político alemán, que siempre ha apoyado a Solbes en su interpretación del Pacto de Estabilidad. Gerardo Galeote, líder del PP en la Eurocámara, también afirmó ayer que su grupo defenderá a Solbes "porque algunos ataques parecen tener su origen en su defensa del Pacto". Por el contrario, Galeote considera que es en todo caso Kinnock el presunto responsable de "importantes errores" en controlar la gestión interna en la Comisión.

También el español Enrique Barón, presidente del grupo socialista en el Parlamento, mostró ayer su apoyo a Solbes y comentó que ha hecho una llamada a la responsabilidad al resto de los líderes de la Cámara ante la posibilidad de que pueda desencadenarse una crisis profunda "con el euro en juego, la ampliación a la vista y en plena elaboración de una Constitución para la UE".

Mar de fondo

Internamente, en el Ejecutivo comunitario se detecta un mar de fondo que se concreta, entre otras cosas, en las constantes acusaciones mutuas sobre el origen de informaciones que luego son desmentidas. El portavoz de Prodi dijo ayer que "no es hora de arrojar piedras a personas concretas, sean o no comisarios", pero que el presidente no eludirá sus responsabilidades y, "si es necesario, actuará de manera rápida y decisiva, pero con pruebas".

Fuentes próximas a Prodi señalan que él quiere "actuar" antes de que el próximo día 25 acuda a explicar el caso Eurostat ante la conferencia de presidentes del Parlamento. Para entonces ya se conocerá parte del informe de los técnicos y de la auditoría. La clave residirá en saber si las prácticas irregulares en Eurostat concluyeron en 1999, año en que se incorporó Solbes a la Comisión, o prosiguieron después.

Ayer, Le Monde publicó párrafos de una carta enviada a Prodi por el destituido director general de Eurostat, el francés Yves Franchet, en la que éste reconoce que pudo haber irregularidades entre 1995 y 1999 con el fin de superar las dificultades derivadas de los escasos medios que tenía, pero que desde entonces Eurostat respetó las normas y que en ningún caso hubo fraude o enriquecimiento personal. Franchet encargó una auditoría en 1998 en la que constaban esas irregularidades. La OLAF comenzó a investigarlas en 2000. La Comisión asegura que no supo nada hasta la pasada primavera.