La CE tramita una sanción a España por la regeneración de playas en Dénia
La Comision Europea ha iniciado un proceso sancionador al Estado español, tras varias iniciativas parlamentarias impulsadas por el grupo municipal de Els Verds de Dénia, por el plan de regeneracion del litoral norte del municipio alicantino, en las playas de la Almadrava y Les Deveses, "al no contemplar dicho proyecto un informe de impacto ambiental", informó ayer el portavoz de Els Verds de la Marina Alta, Toni Roderic, que es, además, edil de Medio Ambiente en el Consistorio dianense.
Según explicó Roderic, en las inmediaciones del lugar de la regeneracion prevista hay un espacio que formará parte de la Red Natura de la Unión Europea, un LIC (Lugar de Interés Comunitario) formado por "una pradera de posidonia que es básica y fundamental para la regeneracion de la pesca". Joan Sal, portavoz de Acció Ecologista-Agró, consideró "positivo" el expediente, dado que una vez más "desde Europa tienen que recordar al Estado español que está sistemáticamente incumpliendo la normativa medioambiental". "Es vergonzoso", añadió, porque si ahora se inicia un proceso sancionador "veremos qué cuesta la aventura del Ministerio de Medio Ambiente de regenerar una playa de una forma un tanto sospechosa".
Els Verds indicó que no se han realizado los oportunos estudios para determinar el impacto ambiental que el aporte de arena procedente de otro LIC, el de la Serra Gelada de Benidorm, producirá una vez se inicien las obras.
La Comision Europea ha admitido a trámite otra queja sobre la homologación urbanística de Les Marines, que contempla la construccion de 18.000 viviendas en esta zona.
Por otro lado, Acció Ecologista Agró quiere evitar que se urbanicen 39 hectáreas del monte de la Solana de la Vall de la Gallinera. Por este motivo, la organización ecologista ha recurrido el decreto 129/2003 del Consell por el que se modifica el catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Alicante, entre los que se encuentra el monte de la Solana.
Se trata de un área que el Ayuntamiento declaró zona apta para urbanizar en 1991 y vendió a una constructora a pesar de ser de utilidad pública, lo que impidió a la empresa registrar la parcela a su nombre, según apuntó ayer la organización. La entidad ecologista entiende que la descatalogación del monte vulnera la ley forestal.
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