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El Consell pacta con los promotores construir 60.000 viviendas protegidas en cuatro años

En paralelo se creará una bolsa de suelo expropiado para bajar el precio de libre mercado

El nuevo titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, anunció ayer el pacto alcanzado con los promotores privados para desactivar la actual burbuja inmobiliaria y "reducir al máximo tanto el precio de la vivienda de protección oficial como de la de libre mercado". Para ello, la Generalitat, a través de la empresa pública Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), se erigirá en "promotor y constructor" de 6 millones de metros cuadrados de suelo -que pretende ampliar a 12 millones- para poder construir un techo de 60.000 viviendas protegidas en cuatro años. Mientras, en paralelo, la Administración acordó con los promotores las "condiciones" -que se fijarán mediante decreto- para gestionar una "bolsa de suelo público, procedente de expropiaciones municipal" para vivenda de libre mercado.

"La única vía para la construcción de nuevas viviendas, tanto protegidas como de mercado libre pasa por una intervención activa de la Administración, de forma que ésta ponga solares a disposición de los promotores, ya que, de lo contrario, los precios desbordan las posibilidades de los ciudadanos con menos recursos", resumió ayer el responsable autonómico de Territorio y Vivienda, tras una reunión con los presidentes de las asociaciones de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de Valencia, Juan Bautista Soler; Castellón, Vicente Monsonís; y de Alicante, Francisco Murcia.

Para ello, Blasco adelantó que se creará una "bolsa pública" de viviendas y suelo al servicio de los promotores para, de esta forma, tratar de reducir el precio máximo de venta. El procedimiento acordado consistirá en "agregar al suelo público adscrito a la Generalitat Valenciana el patrimonio de suelo municipal y también los cambios de uso dotacional, terciario, industrial a residencial", para incentivar la creación de vivienda protegida en aquellos solares vacantes, con el fin de "frenar intereses ajenos a la actividad urbanística", y al mismo tiempo "abaratar el precio del suelo".

Reformas a la LRAU

Estas medidas se incorporarán dentro de la actual "reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)", lo que se traducirá, entre otras, en una serie de "disposiciones que tengan un efecto disuasorio sobre los Ayuntamientos para que colaboren activamente en la creación de registros municipales de solares, obviamente respetando unos plazos razonables para que los propietarios puedan acudir en tiempo y forma antes de la expropiación", según concretaron fuentes de la consejería. "Junto a la vía de la expropiación, a través de la LRAU también se introducirán nuevos mecanismos para agilizar los trámites para edificar solares, por ejemplo, simplicando el contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales, o exigiendo a los ayuntamientos que habiliten el suelo necesario para construir viviendas a precio asequible".

Blasco matizó al respecto, que la gestión de la "bolsa pública de viviendas que se pondrá a disposición de los promotores fijará mediante decreto las características y condiciones de las viviendas, para que no sólo sean asequibles, sino también de calidad y respetuosas con el entorno".

En paralelo, añadió el consejero, "además el IVVSA se convertirá en promotor y constructor de vivienda protegida" para que puedan construirse 60.000 viviendas de protección oficial en cuatro años. En la actualidad, la Generalitat cuenta ya con seis millones de metros cuadrados de suelo público para fomentar su construcción, y pretende hacerse con otros seis millones en esta legislatura. El conjunto de ambas estrategias pretende cumplir "con el compromiso de que 100.000 ciudadanos puedan acceder a su primera vivienda, a un precio razonable" al final de la legislatura.

Por otra parte, según fuentes de la consejería, "a fecha de hoy, la Administración ya tiene delimitadas aquellas zonas de franja costera de 500 metros del litoral de la Comunidad Valenciana que no están edificadas", con el objetivo de "protegerlas durante el periodo en que se tramite y se apruebe el plan que delimitará los usos de litoral y las nuevas directrices de los Planes de Actuación Territorial, de la Ley de Ordenación del Territorio (LOT)".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de septiembre de 2003