Ecologistas y alcaldes plantean congelar las licencias hoteleras en el interior del parque natural de Cazorla

La proliferación de construcciones en el interior del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas ha reabierto el debate sobre la necesidad de limitar las licencias de nuevas instalaciones hoteleras. Alcaldes y asociaciones ecologistas coinciden en la necesidad de no aprobar nuevas licencias urbanísticas en la zona de Arroyo Frío, en el eje del Guadalquivir que conecta con el pantano de El Tranco, mientras que los empresarios del sector denuncian que casi la mitad de la oferta de alojamientos en el interior del parque natural es "clandestina".

La oferta de alojamientos en el interior del parque natural más grande de España asciende a unas 5.500 plazas de forma regulada, aunque la patronal hotelera de la provincia, Ashotel, ha denunciado que al menos hay un número similar de plazas "clandestinas" que han ido creciendo en los últimos años "al margen de la ley". La mayoría de ellas se concentran a la altura de Arroyo Frío, una pedanía del municipio de La Iruela donde apenas había ninguna instalación hace 17 años, cuando la Junta protegió esta zona declarándola parque natural.

"Existe una masificación brutal", denuncia Manuel Almagro, de Ecologistas en Acción, un colectivo que viene reclamando, sin éxito, la reunión de la junta rectora del parque natural para analizar la urbanización "incontrolada" en el interior de este espacio protegido. En lo que va de año la junta rectora tan sólo ha celebrado dos reuniones para renovar sus órganos. La delegada de Medio Ambiente en Jaén, Amparo Ramírez, ha fijado para el 16 de septiembre una reunión de la junta rectora.

Obras ilegales

Ramírez reconoce que, en muchos casos, "se ha producido un crecimiento desordenado y no se ha hecho la planificación necesaria". A su juicio, es posible que la conservación de este espacio natural haya sucumbido a otros intereses. "Con buena voluntad se ha querido primar el desarrollo económico", señala, para advertir que es preciso que no se antepongan los intereses "de ningún sector".

Más crítico se ha mostrado José Luis Díaz, alcalde de Cazorla, que expresa el sentir de los ayuntamientos de la comarca para limitar las construcciones en las zonas más frágiles del parque. "Hemos sido insensibles con las construcciones ilegales, se nos ha ido el tema de las manos", indicó Díaz, que apuesta por autorizar los nuevos hoteles sólo en las zonas de la periferia del parque. "O se pone freno a esto o este parque natural dejará de ser un atractivo turístico", advierte el alcalde cazorleño. Medio Ambiente mantiene incoados un buen número de expedientes de obras paralizadas en el interior del parque por contravenir los planes rectores. Sin embargo, José Luis Díaz se hace una pregunta: "¿Quién se atreve a derribar las obras ilegales?"

Ecologistas en Acción culpa de la situación a la "parálisis" de la junta rectora del parque, que preside el rector de la Universidad de Jaén, Luis Parra. "Esta actitud de desgana contribuye a reafirmar la opinión que tiene la población local acerca de los organismos que gestionan el parque, a los que mayoritariamente perciben como lejanos, pasivos y displicentes", indicó Javier Broncano, uno de los dos representantes ecologistas en la junta rectora. La delegada de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, rechaza las críticas hacia el presidente de la junta rectora y se muestra convencida de que el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) que la Junta aprobará para Cazorla antes de final de año - el tercero en Andalucía tras los de Los Alcornocales y Mágina- será la herramienta que ordenará el desarrollo armónico de este espacio protegido de 209.000 hectáreas.

El parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas se declaró como tal en el año 1986. Sus dos líneas de planificación ambiental y económica son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan de Uso y Gestión. En todos estos años las sombras han superado a las luces, y han sido varios los responsables políticos locales -en el parque se integran 23 municipios- que han venido denunciando que el binomio entre conservación y desarrollo se ha decantado claramente hacia el primero.

Tal fue el descontento que hubo en muchos pueblos -hubo ayuntamientos que llegaron a plantear su exclusión del parque o, en todo caso, la salida de las tierras de cultivo- que Medio Ambiente llegó a suspender los actos del décimo aniversario del parque, cuya junta rectora presidía entonces el consejero Gaspar Zarrías.

De alguna manera, Medio Ambiente admite las carencias que hay en la planificación de este espacio protegido al anunciarse que antes de final de año se aprobará el Plan de Desarrollo Sostenible. A las críticas de ecologistas y alcaldes se han sumado los empresarios de hostelería agrupados en Ashotel, que también han pedido la dimisión del actual presidente de la junta rectora, Luis Parra. Como ejemplo de su malestar citan la escasa promoción de las rutas turísticas del parque, entre ellas la inaugurada el año pasado dedicada al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.