Las clínicas que practican abortos dan la espalda al concierto que ofrece Sanidad

A punto de que expire el plazo -el lunes es el último día para presentar la documentación- la mayoría de los nueve centros que han venido concertando con Sanidad la interrupción de embarazos durante los últimos años no tiene intención de sumarse al nuevo acuerdo ofrecido por la consejería. El motivo es que se oponen a los deseos de Sanidad de que sean los psiquiatras de la red pública quienes elaboren los dictámenes de las mujeres que pretender abortar amparadas por el concierto, y no el personal de los centros, como ocurría hasta ahora.

Sólo la clínica Levante, con centros en Alicante y Elche, dudaba ayer si adherirse al concierto o no, según comentó a este diario su responsable, José María Millán. Las clínicas se reunieron con la Consejería de Sanidad, a iniciativa de ésta, que las convocó con la esperanza de salvar la situación. Sin embargo, al término del encuentro, el ambiente entre las clínicas era que el concurso iba a quedar desierto en las provincias de Castellón y Valencia, y probablemente también en Alicante, a expensas de la decisión final de los responsables de la clínica Levante, según asistentes al encuentro. La mayoría de los representantes de los centros se mostraba satisfecho con la suma fijada por Sanidad por intervención, así como con el hecho de que a principios de agosto la consejería saldara las deudas que tenía contraídas. Sin embargo, como señalaba Josep Lluís Carbonell, de Mediterránea Médica, la condición impuesta de que en las intervenciones concertadas sean los psiquiatras de la red pública los que examinen y valoren a las mujeres que deseen abortar bajo el supuesto de riesgo para la salud psíquica es "un retroceso y una regresión de derechos". Las clínicas entienden que, de un lado, el exceso de trabajo de la pública retrasará los plazos para abortar, lo que consideran muy peligroso en una intervención tan sensible al paso del tiempo -Carbonell comentó ayer que unas 150 pacientes de entre 11 y 12 semanas de gestación aguardan con impaciencia la resolución del concierto-. Además, temen que los dictámenes se practiquen bajo un prisma restrictivo, por lo que desean que, junto a las evaluaciones de la red pública, se mantengan también la de los especialistas de las clínicas.

Sanidad apuntó ayer que este planteamiento "no es muy lógico" y que pretenden "equiparar esta prestación sanitaria al resto de prestaciones con cobertura pública susceptibles de ser atendidas en la sanidad privada". La consejería comentó que desde agosto, mes en el que se puso en marcha un programa de interrupción de embarazo en centros públicos, 80 mujeres han sido atendidas, "en su mayor parte" en hospitales de la consejería.