Los actores reivindican sus derechos de autor

La vieja reivindicación de los actores españoles para que les sean reconocidos los derechos de autor se plasmó ayer en el Decálogo de Santander, un documento elaborado por los miembros de la asociación AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España). Con él pretenden reivindicar para el colectivo de actores y bailarines "que la ley refleje la realidad, la justicia de la realidad", dijo ayer Abel Martín, director general de la organización, que gestiona los derechos de más de 45.000 artistas del sector audiovisual europeo.

"La aportación que hace un actor a una obra audiovisual es absolutamente una creación, un aporte creativo; no se basa en una idea, sino que plasma la idea, y la idea es lo que protege la propiedad intelectual", explicó Martín en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, donde analizaron desde distintos enfoques -productor, director, intérpretes- dicha aportación. El Decálogo, "colofón del encuentro", fue leído por la actriz Mónica Randall, vicepresidenta de AISGE.

Según el primer punto del documento, "los intérpretes, los que dan vida a un personaje que sólo existía en potencia, han de ser considerados creadores del mismo y cotitulares originarios de la obra". Estos derechos son "de índole patrimonial y moral". Esta vertiente económica de las reivindicaciones, que hacen los actores desde hace unos diez años, "choca a veces no sólo con los intereses del productor, sino también con los intereses económicos de la SGAE", advirtió Martín. La Sociedad de Autores ve la reivindicación de los actores como "una amenaza que puede tomar parte de la tarta de los derechos de propiedad intelectual", opinó.

El director general de AISGE valoró en unos mil millones de euros el impacto económico para los actores españoles si se reformase la Ley de Propiedad Intelectual, igualando los derechos de los actores con los de los autores.

El Decálogo la califica de "peligrosa", por lo que "no ha de adoptarse en modo alguno la consideración de la obra cinematográfica como obra colectiva, de la que es único titular quien nada crea". También defiende "la gestión colectiva de los derechos de los intérpretes", y el que "todas las interpretaciones, por buenas o malas que parezcan, han de ser igualmente protegidas".

Otros puntos que recoge el documento son el "derecho a la propia imagen", que "en el ámbito de lo digital no se cometan atentados contra los derechos morales de los intérpretes, como la sustitución de su rostro o de su voz", o que los plazos de duración de los derechos de autores e interpretes no difieran.