El reformatorio El Pinar se convertirá en el mayor de la región con 73 plazas

Servicios Sociales considera que la ampliación de El Pinar con 30 nuevas plazas no tiene porqué aumentar la conflictividad del centro. "Se le dotará de más educadores y vigilantes", argumentan. Ahora son cerca de un centenar los trabajadores encargados de los 43 internos.

"Hemos tenido que optar por esta solución porque cada vez que intentamos abrir un centro nuevo hay protestas vecinales", añaden las mismas fuentes. El último episodio de oposición ciudadana se vivió este verano en Collado Mediano, donde la intención de la consejería de abrir un reformatorio semiabierto de 12 plazas en la finca Los Tilos provocó manifestaciones y recogidas de firmas. "En Collado abriremos un centro, pero no para menores autores de delitos, sino para niños desamparados", matizan.

La propia apertura de El Pinar, en enero de 2001, despertó las protestas de padres, alumnos y profesores del instituto de secundaria San Fernando, situado a unos doscientos metros del reformatorio, en la Ciudad Escolar de San Fernando. Las obras de El Pinar se realizaron precipitadamente para cumplir la Ley Penal del Menor, que, desde el 13 de enero de 2001, eleva la edad mínima de ingreso en prisión de los 16 a los 18 años. A él fueron trasladados, en el primer día de vigencia de la ley, nueve jóvenes excarcelados de la cárcel de Alcalá Meco por tener menos de 18 años.

La Ley del Menor ha obligado a abrir nuevos reformatorios para los delincuentes de 16 y 17 años, que antes ingresaban en prisión. Las plazas se han triplicado: si a finales de 2000 había tres reformatorios con 47 plazas, ahora hay ocho con 151 plazas. Pero resultan insuficientes.

En dos años son 385 los menores que han pasado por estos centros. El delito más habitual es el robo con fuerza o con intimidación. Los autores de violaciones, asesinatos y homicidios son minoría. Siete de cada diez internos tienen de 16 a 17 años; el 94% son varones, y, por nacionalidades, el 53% son españoles y el 34% marroquíes. Un 30% son analfabetos y el 44% carecen de la titulación básica de graduado en secundaria.

Gestión privada

El Pinar fue el primer reformatorio madrileño público gestionado por una empresa privada, la asociación Cicerón, una entidad sin experiencia en la atención a menores creada por varios empleados y ex directivos de Instituciones Penitenciarias. Su gestión fue polémica: en nueve meses hubo cuatro motines, cinco fugas y otros tantos intentos. Pero los responsables de Cicerón se defendían apelando a la dificultad del trabajo.

La adjunta primera al defensor del pueblo, María Luisa Cava del Llano, consideró, tras una visita a El Pinar, que sus instalaciones no eran adecuadas "para chicos que en algunos casos han pasado por la cárcel". "Las paredes son débiles y con una patada se caen", añadía. En octubre de 2001, la Comunidad nombró un director propio en El Pinar que desde entonces ha tenido una gestión mixta.

En enero de 2002, Servicios Sociales concedió a otra empresa, la Fundación Grupo Norte, la gestión del centro. Esta entidad está vinculada a un holding de Valladolid con empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y una ETT. La Ley Penal del Menor exige que las entidades privadas que regentan reformatorios carezcan de afán de lucro. Un requisito que, según Servicios Sociales, cumplen los actuales gestores de El Pinar porque, "pese a sus vínculos con la empresa Grupo Norte, son una fundación".

Además de El Pinar, ahora hay otros tres reformatorios regidos por empresas: Peñalara y Los Rosales, en Carabanchel, y El Laurel, en Guadarrama. Existe además en Chinchón un centro para menores delincuentes con toxicomanías gestionado por Proyecto Hombre.