El Tribunal de Cuentas riñe a los partidos catalanes por repartirse 15 millones de más

El Tribunal de Cuentas ha desautorizado el acuerdo al que llegaron los partidos catalanes en 2001 para incrementar las subvenciones públicas recibidas por los grupos parlamentarios. El órgano fiscalizador considera que el aumento -del 74% en esta legislatura- no respeta la ley de financiación de los partidos. Las formaciones catalanas se han embolsado en cuatro años 15,33 millones de euros (2.546 millones de pesetas) más de lo previsto en la ley a cambio de reducir su gasto preelectoral y de hacer más transparentes sus presupuestos, compromisos que posteriormente han incumplido.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos corresponde al ejercicio de 2000, el primer año en que constan, con carácter retroactivo, las aportaciones públicas adicionales para las formaciones catalanas. La cantidad fue aquel año relativamente modesta -en total, 1,8 millones de euros-, pero su mera existencia es puesta en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas. En los ejercicios posteriores esta cantidad aumentó de forma espectacular: en esta legislatura los partidos catalanes se han repartido 15,33 millones de euros adicionales a lo previsto en la legislación, según fuentes parlamentarias.

El informe sostiene que estas aportaciones adicionales "no se ajustan" a la ley orgánica que regula la financiación de los partidos, de 1987, "en cuanto a las fuentes de recursos públicos para su actividad ordinaria". El análisis detallado de estas partidas se deja para posteriores informes, pero el Tribunal de Cuentas es tajante al desautorizarlas, a pesar de que en aquel momento su monto era todavía reducido.

Insistencia

Las objeciones señaladas lo son "con independencia de los criterios seguidos en su concesión y de la singular naturaleza en las transferencias de crédito del presupuesto de la Generalitat al del Parlamento". El Tribunal subraya su descontento no sólo en el apartado de las conclusiones del trabajo, sino también cada vez que analiza las cuentas de un partido catalán: "La aplicación de esta financiación para funcionamiento ordinario de las formaciones políticas, como se ha podido constatar en aquellas formaciones que tienen diferenciada la actividad del grupo parlamentario, no se ajusta a lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987 de financiación de los partidos políticos", señala una y otra vez.

La fórmula acordada por los partidos catalanes en febrero de 2001 preveía un incremento de las subvenciones a las formaciones políticas a través de los grupos parlamentarios. El principio, según explicó en su día el presidente del Parlament, Joan Rigol, el principal muñidor del acuerdo, era el siguiente: dar más dinero a los partidos para que éstos superaran sus estrecheces y denostaran, en consecuencia, las prácticas poco claras y el despilfarro preelectoral.

La primera parte del acuerdo -más dinero público para los partidos- se ha cumplido a rajatabla. Pero la segunda -la que imponía nuevas obligaciones a las formaciones- se quedó en el tintero y no ha habido ninguna mejora en toda la legislatura.

Propuesta rechazada

Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se quedaron solas en su propuesta de abrir sin restricciones sus contabilidades electorales a la Sindicatura de Cuentas. Y el gasto de precampaña, a las puertas de la cita electoral, parece más desbocado que nunca.

Los "fondos adicionales" para los partidos en virtud del pacto han aumentado año tras año: fueron 1,8 millones de euros en 2000, aumentaron hasta 3 millones en 2001, pasaron a 4,5 millones en 2002, y se acordó una subvención extra de 6 millones para 2003. En total, 15,33 millones de euros, lo cual supone un aumento del 74% de las subvenciones previstas, según fuentes parlamentarias. Sin el pacto, los grupos parlamentarios se hubieran repartido 20,6 millones. Con el pacto, el monto total ha ascendido a 35,9 millones de euros, añaden las mismas fuentes.

Los partidos se han repartido las subvenciones de acuerdo con su peso en el Parlament: Convergència i Unió (CiU) ha obtenido en esta legislatura 6 millones de euros más de lo previsto en la ley, el Partit dels Socialistes (PSC), 5,6 millones; Esquerra Republicana y el Partido Popular (PP), 1,35 millones cada uno, e Iniciativa per Catalunya Verds, 0,64 millones de euros.