El nuevo Ayuntamiento de Marbella promete acatar la ley urbanística

El nuevo equipo de gobierno de Marbella, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA, se comprometió ayer a acatar la normativa urbanística y a no dar ninguna licencia de obras contraria al único Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, el de 1986. "Nuestra misión es trabajar bajo la legalidad vigente", afirmaron en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Rafael Calleja (ex GIL), y los tenientes de alcalde Isabel García Marcos (ex PSOE) y Carlos Fernández (expedientado por el PA). Con esta "política de gestos", el gobierno local pretende eliminar recelos contra los firmantes de la moción de censura y pedir "un margen de confianza".

García Marcos recordó que hay miles de viviendas construidas en base al planeamiento de 1998, impugnado por la Junta, que aún no cuentan con licencia de primera ocupación. La concejal dejó en manos del Gobierno andaluz la resolución de estos permisos.

La ex edil socialista criticó a la Junta de Andalucía por no actuar en su día "de manera contundente" y permitir que se ejecutaran y finalizaran obras al margen de la legalidad. "Ellos son los únicos que podían hacer algo y no lo han hecho", añadió.

Hasta que se acuerde un nuevo PGOU, el gobierno local pretende redactar una "norma transitoria" para garantizar la seguridad urbanística. Este documento pasa por la formación de un consejo consultivo, formado por asesores de urbanismo. Los ediles tránsfugas solicitarán a la Junta de Andalucía que designe dos de los técnicos para que supervisen todos los trabajos.

"Ir a por ellos"

Por su parte, los cinco grupos del Parlamento de Andalucía acordaron ayer la unidad de acción política contra el actual gobierno municipal de Marbella para "ir democráticamente a por ellos", celebrar un debate monográfico sobre esa corporación y acordar propuestas como que la Fiscalía Anticorrupción investigue la moción de censura que acabó con el anterior alcalde.

El popular Antonio Sanz aseguró que la Cámara andaluza actuará con "beligerancia", y el portavoz socialista, José Caballos, aseguró que "hay que mandarle el mensaje al señor [Jesús] Gil, a su familia y a los tránsfugas desvergonzados de que vamos a ir democráticamente a por ellos y que la disolución es la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas".

Con otros términos, todos los portavoces suscribieron esta afirmación en la reunión de la Diputación Permanente, reunida para votar la convocatoria extraordinaria de la comisión de Coordinación, Justicia y Administraciones Públicas el próximo viernes para debatir una iniciativa de IU y del grupo mixto en la que se pide al Gobierno central la disolución del ayuntamiento. Los partidos proponentes retiraron la iniciativa y aceptaron que ésa y todas las iniciativas sobre Marbella se discutan en una comisión monográfica el 4 de septiembre.