PSOE, PP y PA plantean que Anticorrupción actúe en Marbella

El margen de confianza del equipo de gobierno de Marbella es igual a cero. Sin ninguna variación sobre este guión, dirigentes del PSOE, PP y Partido Andalucista, reunidos en el Parlamento andaluz, exigieron ayer al Ayuntamiento marbellí el cumplimiento estricto de la normativa urbanística vigente -el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986- y dejaron claro que no hay plazo, ni siquiera posibilidad, para negociar nada. Los tres partidos estudian pedir a la Fiscalía Anticorrupción que investigue las causas de la moción de censura interpuesta por 14 tránsfugas (ocho del GIL, tres del PSOE y tres del PA) y se plantean la disolución de la corporación.

Las tres formaciones tradicionales que obtuvieron representación municipal celebraron su primera reunión para buscar "soluciones democráticas" a la preocupante situación política de Marbella. El objetivo era visualizar que no permanecen de brazos cruzados y que están trabajando en buscar salidas para "defender los intereses generales" de los marbellíes.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro; el secretario general del PP, Antonio Sanz, y el secretario de Comunicación del PA, Javier Aroca, dejaron claras dos cosas: que el único planeamiento urbanístico vigente es el de 1986 -vulnerado por los gobiernos del GIL- y que no hay ninguna tregua al nuevo equipo municipal. "No hay margen de confianza, ni excepción, ni planes puente, ni punto final, ni tenemos confianza en que vayan a cumplir con la legalidad", aseguró el socialista. "No cabe ni tiempo de espera ni margen de confianza ni sembrar dudas sobre la posible negociación", enfatizó el popular.

Disolver la corporación

Las tres formaciones no descartan solicitar la disolución del Gobierno municipal, una medida que nunca se ha aplicado en España, después de que los informes jurídicos y técnicos que se van a pedir a los Gobiernos central y andaluz así lo avalen. Y también estudian otras actuaciones como la de que la Junta intervenga el Ayuntamiento, afirmó Sanz. Sin embargo, según indicaron fuentes jurídicas y de la Junta de Andalucía, la Administración autonómica no tiene capacidad legal para intervenir el Ayuntamiento, sino, en todo caso, sólo para rescatar las competencias que tenga delegadas en el consistorio, como ya ocurre con algunas materias de urbanismo.

¿Y qué ocurriría si el nuevo Gobierno local cumple a rajatabla con la legalidad? En ese caso y al no haber motivos que justifiquen la petición de la disolución, la línea de actuación, según Pizarro y Sanz, sería la de "ahondar" en los motivos "sucios" y "turbios" que motivaron la moción de censura. Es decir, demostrar que la moción fue corrupta y, por lo tanto, invalidar su resultado. Sanz propuso que se investigara "desde distintas vertientes", incluida la parlamentaria, una cuestión que no descartó el popular ante los periodistas pero que no se planteó en la reunión.