PSOE, PP y PA estudian pedir que el fiscal Anticorrupción indague la moción de Marbella

El margen de confianza del equipo de gobierno de Marbella es igual a cero. Sin ninguna variación sobre este guión, dirigentes del PSOE, Partido Popular y Partido Andalucista, reunidos en el Parlamento regional, exigieron ayer al Ayuntamiento marbellí el cumplimiento estricto de la normativa urbanística vigente -el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986- y dejaron claro que no hay ni plazo ni siquiera posibilidad para negociar nada. Los tres partidos no descartan pedir a la Fiscalía Anticorrupción que investigue las causas y circunstancias de la moción de censura interpuesta por 14 tránsfugas (ocho del GIL, tres del PSOE y tres del PA) ni la disolución de la Corporación.

Las tres formaciones tradicionales que obtuvieron representación municipal en Marbella celebraron ayer su primera reunión para buscar "soluciones democráticas" a la preocupante situación política de Marbella. Desde el punto de vista político el objetivo del encuentro era dejar claro que no permanecen de brazos cruzados y que están trabajando en buscar salidas para "defender los intereses generales" de los marbellíes.

El secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, el secretario general del PP, Antonio Sanz y el secretario de Comunicación del PA, Javier Aroca, dejaron patente dos cosas: que el único planeamiento urbanístico vigente es el de 1986 -vulnerado por todos los gobiernos del GIL- y que no hay ninguna tregua al nuevo equipo municipal. "No hay margen de confianza, ni excepción, ni planes puente, ni punto final, ni tenemos confianza en que vayan a cumplir con la legalidad", aseguró el socialista. "No cabe ni tiempo de espera ni margen de confianza ni sembrar dudas sobre la posible negociación", enfatizó el popular. "Sólo cabe el cumplimiento de la ley", dijo el andalucista.

Las tres formaciones no descartan solicitar la disolución del gobierno municipal, una medida que nunca se ha aplicado en España, después de que los informes jurídicos y técnicos que se van a pedir a los Gobierno central y andaluz así lo avalen. Y tampoco descartan otras actuaciones como mecanismos de tutela e intervención desde la Junta, según afirmó Sanz. Sin embargo, según indicaron fuentes jurídicas y de la Junta de Andalucía, la Administración autonómica no tiene capacidad legal para intervenir el Ayuntamiento, sino, en todo caso, rescatar las competencias que tenga delegadas en el consistorio, como ya ocurre con algunas materias de urbanismo. La Consejería de Gobernación escudriña desde hace días la legislación para ver qué puede hacer más la Junta de lo que ya ha hecho.

¿Y qué ocurriría si el nuevo gobierno local cumple a rajatabla con la legalidad? En ese caso y al no haber motivos que justifiquen la petición de la disolución, la línea de actuación, según apuntaron Pizarro y de manera más contundente Sanz, sería la de "ahondar" en los motivos "sucios" y "turbios" que motivaron la moción de censura. Es decir, demostrar que la moción fue corrupta y, por lo tanto, invalidar su resultado. Sanz propuso que se investigara "desde distintas vertientes", incluida la parlamentaria, una cuestión que no descartó el popular a los periodistas pero que no se planteó en la reunión.

En el documento que los tres partidos políticos firmarán el próximo lunes, si nada se tuerce hasta entonces, figura el de solicitar al Gobierno central a que se inste a la Fiscalía Anticorrupción a que se investigue la moción de censura, algo que ya está haciendo de oficio la fiscalía de Málaga. Las dificultades de encontrar indicios que sustenten la sospecha de que no fueron los intereses políticos los que motivaron la moción son máximas ya que, como recuerda un alto cargo, ni siquiera en el tórrido caso de transfuguismo de Ceuta se demostró nada: "Y esto no es CSI donde tienes una prueba".