La red de vertederos de residuos inertes sufre un retraso en su puesta en marcha

La puesta en marcha de la red pública de vertederos de residuos inertes procedentes de la construcción se retrasa. La Consejería de Medio Ambiente tenía previsto cerrar el 31 de diciembre próximo los vertederos municipales o privados donde se descargan ahora los residuos para abrir varias instalaciones nuevas. Pero será imposible, porque los centros planificados no estarán acabados para esa fecha. Mientras tanto, las escombreras proliferan sin control por la geografía madrileña. Los transportistas culpan de ello a la escasez de depósitos legales.

La Consejería de Medio Ambiente puso en marcha el año pasado el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2002-2011), que prevé construir una red pública de 12 vertederos autosuficientes, con instalaciones de reciclaje y eliminación. El sistema completo -con sellado de vertederos antiguos y programas de divulgación- costará un total de 81.292.894 euros, de los que 28.887.644 corresponden a la inversión privada.

Los cuatro primeros centros se ubicarán en los términos de Navalcarnero, Villanueva de la Cañada, Fuenlabrada y El Molar. El retraso en su construcción impedirá cerrar los vertederos municipales y privados el próximo 31 de diciembre. "Pero", asegura un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, "según se vayan edificando, se procederá a la clausura y sellado de los depósitos que existan en su área de influencia".

El vertedero de Navalcarnero es el que más avanzado se encuentra. "Cuenta con todos los trámites y con el suelo, por lo que las obras van a empezar de inmediato", asegura el portavoz de la consejería. En cuanto al de Villanueva de la Cañada, falta el terreno, aunque el Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para su localización. En Fuenlabrada se está haciendo un replanteamiento, y en El Molar las gestiones para la construcción están muy avanzadas.

La larga espera

Mientras la red pública se ultima, los conductores esperan y se preguntan qué hacer con los desperdicios de las obras cuando el vertedero se encuentra en la otra punta de Madrid. Existen dos opciones. Si son respetuosos con el medio ambiente, recorrerán los kilómetros necesarios y descargarán los residuos en uno de los tres depósitos autorizados por la Comunidad: Las Cumbres, en Madrid; El Burrillo, en San Sebastián de los Reyes, y el vertedero de Arganda del Rey.

En otras ocasiones, algunos transportistas se desprenden de la carga allí donde ven que es factible. Así aparecen los puntos negros: escombros mezclados con otros residuos en los márgenes de las carreteras, caminos, vías pecuarias, ríos y arroyos. Todos lugares de fácil acceso al tráfico rodado.

La falta de infraestructuras favorece también la apertura de vertederos ilegales en la sierra madrileña. En junio, el propietario de la Mina Maribel, en Galapagar, dedicada a la extracción de derivados de estaño y venta de áridos, abrió un vertedero sin solicitar permiso a la Consejería de Medio Ambiente. El éxito fue total. La Policía Local llegó a contabilizar un tránsito medio de 100 camiones diarios, a los que cobraba entre 50 y 70 euros por descarga. La queja de los transportistas era unánime: "Si no descargamos aquí, tenemos que atravesar todo Madrid y llegar hasta Valdemingómez".

La consejería estima en 2.500 el parque de vehículos que se dedica a este tipo de transporte. Se trata de un sector muy atomizado, con gran número de autónomos que conducen su propio camión. Si la distancia a recorrer para tirar los escombros es alta, disminuye la rentabilidad del negocio, y, en consecuencia, repercute en la aparición de vertidos en lugares prohibidos.

También existen vertederos municipales, pero la mayoría carecen de las condiciones adecuadas y tienen poca capacidad. La Comunidad afirma que están "planteados desde criterios de ahorro económico, sin ningún tipo de clasificación ni tratamiento previo, y, en muchos casos, sin control ambiental". En algunos, ubicados en terrenos permeables, no está garantizada incluso que no afecte a las aguas subterráneas.

El norte de la región es la zona más castigada por los vertidos incontrolados, debido a la falta de espacio para ubicar depósitos adecuados. Sin embargo, en el este y sureste los vertederos se encuentran en mejores condiciones, pues se aprovechan los huecos de las explotaciones de áridos para ubicarlos.

El plan pretende poner punto y final a esta situación. Divide a la Comunidad en 12 áreas llamadas Unidades Técnicas de Gestión (UTG), a las cuales se dotará con infraestructuras de eliminación y clasificación de materiales. También hay previstas estaciones de transferencia para depositar los residuos de poblaciones que disten más de treinta kilómetros del vertedero público. Permanecerán allí hasta que se trasladen al depósito público correspondiente.

En cada UTG podrán ubicarse instalaciones de reciclaje privadas, previa autorización de la Comunidad. Se trata de separar lo que sirva para ser reutilizado. Los inertes pueden estar mezclados con otros tipos de residuos, como metales, enseres domésticos, maderas, residuos orgánicos, plásticos e incluso residuos peligrosos.

Pero, como también indica el plan, el reciclaje sólo tiene sentido si existe un mercado efectivo para los materiales que se recuperen. Además, sostiene que debe ser la propia Administración, como gran consumidor de productos y servicios, la que debe impulsar el desarrollo del mercado de materias primas secundarias.

La Consejería de Medio Ambiente estima que los productos reciclados se pueden emplear como base para firmes de carreteras, para relleno de zanjas y caminos y para obtener hormigones pobres. También indica que existe un mercado emergente para chatarra férrica, vidrio, materiales nobles de construcción y piedra labrada, como el granito y basalto.