La resaca del 'efecto tequila'

Los cuatro bancos mexicanos que sobrevivieron a la debacle financiera de 1995, BBVA Bancomer, Bital, Banamex y Banorte, han entrado en una cruenta batalla con las autoridades del país. En disputa está la última parte del rescate bancario que el Gobierno mexicano realizó en 1995 cuando las tasas de morosidad se dispararon después de que el presidente Ernesto Zedillo ordenara la depreciación del peso frente al dólar. El desplome financiero de México tuvo repercusiones nocivas a escala global que pasaron a la historia bajo el nombre de efecto tequila y que llevó a muchos inversores a retirarse de Latinoamérica.

México todavía está viviendo con los estragos de la crisis. Para socorrer al sistema financiero, el Estado mexicano compró los préstamos impagados hechos por los bancos. El costo total del rescate ha sobrepasado los 90.000 millones de dólares.

Ahora, la agencia responsable de esta deuda que asumió el Estado, el Instituto de Protección de Ahorros Bancarios (IPAB), acusa a los bancos de haber inflado los préstamos para obtener más compensaciones. La meta del IPAB es llevar a cabo una auditoría para establecer si los bancos inflaron indebidamente su cartera de créditos.

Roberto Barrera, del IPAB, defiende la iniciativa tomada por la entidad argumentando que no quieren rechazar el pago de las deudas, sino que el Estado mexicano no está dispuesto a asumir lo que no le corresponde. El valor de los préstamos irregulares que fueron traspasados al Estado podría sobrepasar los 6.500 millones de dólares, según ha establecido la Auditoría Superior de la Federación. Bancomer, que fue comprado por el BBVA en 2000, sería responsable de más de 2.000 millones de dólares de esta cifra, según estimaciones de la propia entidad.

El Congreso, por su parte, ya ha tomado cartas en el asunto y ha instado, en una carta firmada por unanimidad, a los bancos a que permitan un nuevo examen. Los cuatro bancos, los únicos que se mantuvieron a flote de los doce que recibieron ayuda del Estado, no están dispuestos a permitirlo. Para Luis Robles, director de asuntos jurídicos del BBVA Bancomer, la clave es que el IPAB no ha explicado qué criterio seguiría una nueva investigación.

Tanto el IPAB como los bancos han demostrado su disposición de llevar sus argumentos hasta el Tribunal Supremo mexicano, pero tampoco se descarta la posibilidad de una solución extrajudicial. Miembros del Gobierno mexicano han abogado por una salida al conflicto fuera de los tribunales para ahorrar tiempo.

Esto podría beneficiar a ambos bandos. Los bancos se han visto afectados negativamente por el caldeado ambiente político que se vive alrededor de este asunto, con senadores como Jesús Ortega del izquierdista PRD pidiendo "no sólo que se descuente el monto de las operaciones irregulares, sino que también haya cárcel para quienes incumplieron la ley". Por otra parte, expertos como el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) aseguran que es muy arriesgado para el Estado mexicano parecer indispuesto a pagar sus deudas.