Disolución

Decía Antonio Ortega en sus recientes comparecencias públicas sobre Marbella que ante una situación como la que viene dándose en la ciudad costasoleña sólo cabe estar junto a los partidos democráticos. El Partido Andalucista sostiene esta posición porque considera Marbella una cuestión de Estado y, teniendo en cuenta la gravedad de todo lo que allí acontece, desde hace más de una década, no encuentra otra salida, salvo ganar las elecciones, que no proceda del acuerdo y consenso entre los partidos democráticos allí presentes como resultado de la voluntad popular expresada en las elecciones. Ésta es la razón por la que no apoyamos la moción de censura, aunque ésta sea un instrumento legal y legítimo.

La ley contempla la posibilidad de disolución de las corporaciones locales cuando se den circunstancias de especial gravedad y parece que, ahora, el PSOE las ha detectado y el PP cree que podrían detectarse. Ya dijimos que fruto del consenso estaríamos donde acordemos los partidos democráticos. Pero, ¿puede el PSOE explicar ahora cuáles son esas circunstancias excepcionalmente graves que determinan su petición? Si las hay, no serán nuevas porque, nos guste o no, la compartamos o no, una moción de censura es un acto político que en sí no puede determinar dicha gravedad; y si las circunstancias son viejas por qué no lo dijo antes, mucho antes del día 13 de agosto, las explicó, si las conoce, e inició a través de su presencia en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a quien corresponde, entre otros, la petición de la iniciación del complicado, por otra parte, procedimiento.

Si las hay, las hubo, y permanecen en el tiempo, lo cual sitúa al PSOE en la difícil tesitura de explicar el por qué pudiendo haber denunciado la disolución no lo hizo, incurriendo en una muy grave irresponsabilidad.

La presencia de gilistas o ex gilistas en el gobierno municipal de Marbella no puede ser la causa porque, en ese caso, deberían de ir proponiendo ya la disolución de Estepona y Manilva, en el primer caso, con la incomprensible presencia en el gobierno municipal del PSOE y en los dos de la camaleónica Izquierda Unida.

Por tanto, las gravísimas circunstancias deben ser jurídicas y guardar relación con desviaciones de poder extraordinariamente graves para el orden constitucional y democrático. Pero, ¿cuáles?, ¿tienen que ver con el urbanismo? Si son así esperamos impacientes, no ya los partidos sino los desconcertados ciudadanos, conocer cuáles son los extremos de tamaños desafueros.

Los andalucistas estamos dispuestos a sentarnos con los partidos democráticos, al máximo nivel, para llevar a cabo la regeneración democrática de Marbella. Esto, hasta el presente, no ha sido posible a pesar de los constantes llamados del Partido Andalucista. La disolución es una medida suficientemente grave como para concitar el acuerdo inmediato entre los demócratas. Pero, es necesaria la autocrítica: esta medida supone el fracaso del sistema, apenas tres meses después de que los marbellíes hayan apoyado al GIL por mayoría absoluta. Es, además, un esfuerzo desesperado del PSOE por lavar su imagen que, creemos sinceramente, tiene pocas posibilidades de prosperar; en todo caso, requerirá que el PP renuncie a la confrontación como instrumento de hacer política en Andalucía y no se empeñe en buscar espejos que reflejen los escándalos de la corte madrileña.

Muchos nos tememos que esto sea un nuevo mareo de la perdiz por parte del PSOE y PP. Porque el PSOE sabe a ciencia cierta que esta opción es muy difícil y espera con ansiedad que sea el propio PP el que lo diga para tener así un culpable del fracaso de su tardía propuesta. El PP, que debería actuar como principal agente disolvente por gobernar en España y tener la mayoría en el Senado, se lo pensará aunque cabe la posibilidad de que sucumba ante la tentación de convertir el Senado en una plaza de los Naranjos marbellí y, al final, los dos a escobazos con la mirada perdida pero fija en La Moncloa.

Pasan los meses y los días y Andalucía, como antes La Bética era escogida como escenario de las luchas romanas por el poder, sigue siendo el lugar idóneo para las peleas infantiles e irresponsables entre los que se consideran, porque así lo quiere el pueblo, los dos partidos más grandes. Pero como la grandeza debe ser medida también por la responsabilidad, ellos son, por muchos que sean sus defensores y más sus gabinetes de estética, los verdaderos culpables de la crisis de Marbella. Disolución sí, si hace falta, pero cuidado con el peligro de las voces que aprovechan todo para afirmar que lo que hay que disolver son los partidos está a la vuelta de la esquina.

Javier Aroca Alonso es secretario nacional de Comunicación del Partido.