Los ediles del PA aún no han recibido la notificación de la apertura de expediente

Los concejales andalucistas en el Ayuntamiento de Marbella no han recibido aún la notificación de apertura de expediente, tras apoyar la moción de censura a Julián Muñoz. Tampoco han sido suspendidos provisionalmente de militancia porque los estatutos del partido no contemplan esta figura para su infracción. Carlos Fernández, María José Lanzat y Pedro Pérez siguen siendo, por tanto, los representantes legítimos del PA en Marbella, pese a la posición contraria que dice mantener la dirección nacional, quien, además, no prevé plazos límite para resolver los procedimientos.

La actitud de los andalucistas en la crisis de Marbella se ha caracterizado por la confusión, el mutismo y la lentitud de movimientos. Confusión porque el mismo día que se conoció el acuerdo de presentar la moción de censura a Julián Muñoz, el viernes 1 de agoto, el primer secretario provincial andalucista, Pedro Merino, respaldó en conferencia de prensa la iniciativa con la máxima de que era preferible "sacrificar determinados postulados". "Uno no se presenta a las elecciones para lucir el cuerpo, sino para mejorar la situación", explicó. Otros cargos de importancia en la provincia, como el delegado de Turismo en Málaga y ex diputado europeo, Carlos Bautista, salieron también a saludar la moción.

Mutismo porque en los cuatro días siguientes -tras la contundente reacción del PSOE, que abrió expediente de expulsión a sus concejales y los separó cautelarmente del partido-, la dirección andalucista se sumergió en una especie de limbo y no quiso pronunciarse. Finalmente, el secretario general, Antonio Ortega, ideó reunir algo parecido a un gabinete de crisis que se trasladó a Málaga para negociar con los cargos locales el día 5. El encuentro se fijó para las 19,00 horas en un lugar secreto. La noticia de una declaración -con el concurso del portavoz municipal, Carlos Fernández- en la que el PA afirmaba que no apoyaría la moción de censura porque ya no se daban las circunstancias que la concibieron, saltó pasadas las 21,30 horas, cuando apenas había margen de reacción y reflexión de otros actores. En esta resolución, los andalucistas emplazaban también a PP y PSOE a iniciar un proceso de diálogo.

Sospechas

El PP se negó a negociar nada antes del debate de la censura a Muñoz. Y los socialistas, que en un primer momento acogieron la oferta, terminaron por pedir al PA como condición indispensable para celebrar cualquier reunión y "hacerse la foto" que al menos unos de sus ediles retirase la firma de la moción, habida cuenta de que las señales que llegaban de los andalucista marbellíes en los días posteriores seguían siendo de apoyo a la operación de cambio de gobierno.

En el PSOE se había instalado ya la sospecha de que la dirección del PA sabía desde el principio que sus concejales no le obedecerían, y que su intención era ganar tiempo con la esperanza de que la moción se desinflara, bien por la dimisión de Julián Muñoz, sobre la que circulaban insistentes rumores, o bien por la marcha atrás de algún edil. De esta forma, el PA no tendría que verse ante la tesitura de expulsar a los concejales y quedarse sin representación en Marbella.

La misma hipótesis cuajó en el resto de los partidos, quienes denunciaron las indefinición andalucista en el proceso, aún cuando Antonio Ortega, ya el día 12, víspera del debate, compareció ante los medios de comunicación para explicar su postura. Pese a que, para entonces, no había duda alguna del respaldo de los tres concejales al derribo de Muñoz (dos de ellos se habían ocultado junto al resto de los firmantes de la moción en un hotel), Ortega aseguró que desconocía qué iban a decidir "hasta el último minuto".

El líder andalucista ni siquiera accedió a opinar sobre la moción -"no entro a valorarla", dijo- y justificó el desmarque oficial de su partido con el siguiente argumento: "Dada la inhibición y pasividad de PSOE y PP [para buscar una solución a la crisis de Marbella] no tenemos más remedio que ponernos del lado de los partidos democráticos". Antonio Ortega, además, se mostró partidario de contar con ex miembros del GIL, del mismo modo que, explicó, Adolfo Suárez, presidente del primer Gobierno de la democracia, contó con personajes del franquismo.

Una vez consumada la moción de censura, la dirección del PA dijo que iniciaría los trámites de los expedientes (que pueden acabar en expulsión) el mismo día. Sin embargo, ayer ninguno de ellos había recibido la notificación, ni formal ni informal, según declaró a este periódico María José Lanzat, una de las representantes andalucistas en Marbella. En el caso de Fernández y Lanzat, miembros del Consejo Andalucista de Gobierno (máximo órgano entre congresos), le corresponde a la ejecutiva nacional la tramitación del expediente, mientras que el de Pérez se instruirá a instancias del comité de Málaga.

Los concejales rebeldes tampoco han sido suspendidos cautelarmente de militancia, ya que los estatutos del partido sólo contemplan esta medida bajo dos supuestos: cuando la moción de censura va dirigida contra cargos del PA y ante la inclusión de un afiliado en la lista electoral de otra fuerza política. A esta circunstancia hay que sumar que el PA no prevé plazos límite de resolución de los procedimientos, para los que se debe nombrar todavía un juez instructor. Si se toma como referencia el expediente de expulsión de Pedro Pacheco -se dilató hasta el punto de que fue el propio Pacheco quien se marchó de la formación por la tardanza del dictamen-, los tres ediles pueden seguir siendo legítimos representantes del PA en Marbella durante meses.