Reportaje:

Entre la realidad y el deseo

Lula pide paciencia a los brasileños, después de obtener unos pocos éxitos importantes y demasiados fracasos

La llegada al poder de un ex obrero y líder sindical, venido del grupo social más pobre de Brasil, despertó hondas esperanzas de cambio en la población. Pasados siete meses, los resultados se reparten entre unos pocos éxitos importantes, varias expectativas defraudadas y algunos de los peores indicadores económicos de los últimos años. Luiz Inácio Lula da Silva, sin embargo, pide paciencia.

El sector productivo ha pasado un primer semestre negro y ya no tiene ninguna expectativa de recuperar terreno de aquí a finales de año

Dos reformas aprobadas este año, la tributaria y la del sistema de jubilaciones, e iniciar otra que modifique la legislación laboral; ampliación y consolidación de la base de apoyo político al Gobierno en el Congreso; relanzamiento de la economía, control rígido de la inflación y de las cuentas públicas;recuperación de la confianza de los inversores nacionales y extranjeros; implantación de programas sociales efectivos; mayor generación de empleo; nuevo impulso y nuevos criterios para la reforma agraria, y desaparición gradual de lo que su Gobierno llama de "herencia maldita", es decir, del panorama recibido de los ocho años del Ejecutivo anterior, del presidente Fernando Henrique Cardoso. Ésas son las metas del actual Gobierno brasileño. Siete meses después de haber llegado a la presidencia de Brasil, Lula da Silva sigue con esos temas en su agenda de prioridades máximas. Avanzó bastante en algunos puntos, logró cumplir -al menos hasta ahora- con otros, y tiene buenas posibilidades de obtener éxito en parte de lo que falta.

Pero un tercer tema, que oficialmente no consta en la pauta de prioridades de Lula, viene ocupando un espacio cada vez más significativo en la agenda de preocupaciones primordiales del Gobierno: la tensión social, que va en aumento, y que se refleja en la acción de movimientos populares tradicionalmente afines al PT (Partido de los Trabajadores), como los sin tierra y los sin techo. En lo que va del año, el número de invasiones a fincas y haciendas ya supera el registrado a lo largo de todo 2002.

Problemas económicos

El Primer Empleo se propone generar 260.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes este año, cuando ya se sabe que, entre enero y julio, 560.000 brasileños se han quedado sin sueldo. El alardeado programa de apoyo al pequeño crédito y a la apertura de cuentas bancarias populares no despega por el exceso de burocratismo. Y, como cierre de todo eso, la economía sigue malparada.

Para 2003, todas las proyecciones señalan que el PIB de Brasil podrá crecer hasta 1,5%. Bastante menos de lo que el Gobierno de Lula admitió en abril (la meta inicial era del 3,5%), y la tercera parte de lo que sería necesario para empezar a generar puestos de trabajo en un país que experimenta los peores niveles de desempleo (un 13%) de los últimos 18 años. La meta de crear 10 millones de empleos hasta 2007, tal como Lula afirmó en diversas ocasiones mientras era candidato, parece definitivamente relegada al cajón de las promesas electorales que jamás se cumplen.

Es verdad que al menos un temor -la explosión de una nueva ola inflacionaria, tras el 12,5% registrado en 2002- parece haber sido despejado. Las nuevas proyecciones, tanto oficiales como del mercado financiero, ya admiten una inflación menor al 10% este año. Sin embargo, no hay motivo para ningún exceso de optimismo: se especula entre el 9,8% y el 9,93%. Nada muy espectacular, pero se prevé una inflación controlada en un dígito, límite para no desatar el temor generalizado. Para el consumidor común, todo eso significa poco: los presupuestos domésticos fueron duramente desbordados por los precios. La retracción en la economía ha sido de tal manera significativa en los primeros siete meses del año, que la mayoría de los precios ha bajado por absoluta falta de compradores.

Más que gozar de los buenos resultados de las leyes del mercado, lo que afecta a los brasileños es la necesidad imperiosa de comprar menos porque la misma renta de los trabajadores experimentó una caída ruidosa en lo que va de año, alrededor del 7%. Si se suma a eso la inflación acumulada (a pesar de la deflación registrada en junio y julio), la pérdida de poder adquisitivo llega a niveles efectivamente preocupantes, superiores al 13%. Natural, por tanto, que los precios de algunos productos haya bajado sensiblemente. En este año, la venta de combustibles bajó un 4,7%, de alimentos y bebidas un 6,63%, de artículos de supermercado (higiene, limpieza) un 6,04%, los muebles y electrodomésticos un 10,4% y los vehículos y recambios un 11,65%. Tomando como base la media general, el comercio brasileño vendió en el primer semestre de 2003 un 13% menos que en 2000. En un país donde el uso del talón bancario es tan corriente que hasta se paga un taxi con ellos, el volumen de cheques sin fondo registrado en el primer semestre de 2003 es el más elevado desde 1991.

Ante sus asesores más íntimos, el presidente Lula admite, sin mayores disfraces, que la situación del país es mucho más grave de lo que él y su equipo habían previsto. A los ojos de la opinión pública, todo lo que se logró de positivo, como hacer bajar los índices de riesgo-país desde los estratosféricos 2.400 puntos a niveles que oscilan entre 850 y 900, o mantener la cotización del dólar alrededor de los tres reales, para no mencionar el control de la inflación, parece poco. El presidente repite, al menos cuatro veces a la semana, sus peticiones de calma y reitera que las cosas cambiarán, pero a su ritmo, sin precipitaciones. Sabe que su llegada al poder ha despertado demasiadas expectativas.

Esperanzas para 2004

El sector productivo ha pasado un primer semestre negro y ya no tiene ninguna expectativa de recuperar terreno de aquí a fines de año. Resta como esperanza alguna mejora en 2004, pero aún así las proyecciones son más bien cautas y tímidas. El durísimo ajuste en los gastos públicos, que superó con creces todas las metas pactadas con el FMI, sumado a una política de elevadas tasas de interés básico que ahora mismo se sitúan en el 24,5% al año (en mayo estaban al 26,5%), hace que el crédito directo al consumidor sea prohibitivo. Los bancos piden hasta un 175% al año por conceder créditos a personas físicas, y un 95% a empresas. En los primeros días de agosto, el Banco Central brasileño liberó alrededor de 8.000 millones de reales (unos 2.400 millones de euros) de los coeficientes de garantía de depósitos bancarios, con el objetivo de inyectar circulante en el mercado y facilitar créditos a tasas más potables. Los efectos, en todo caso, no se harán sentir antes de octubre, dicen empresarios y banqueros.

Lula sabe que todavía tiene bastante leña para quemar en esa dura batalla entre las expectativas que despertó y las medidas que se ve obligado a tomar. De la misma forma, sabe que la inercia, y la ineficacia, de su Gobierno a la hora de concretar programas sociales efectivos acabarán por dilapidar parte esencial de su capital político. Una parte sustancial de los brasileños sigue esperando.

Manifestación de afiliados al PT brasileño.
Manifestación de afiliados al PT brasileño.AP

Reforma para evitar el naufragio

Lula ha logrado hacer aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de enmienda constitucional que reformula el sistema de jubilaciones de Brasil. Los resultados concretos tardarán muchos años -entre cinco y siete- para empezar a hacerse notar, pero el efecto psicológico de la medida es casi inmediato. Brasil tiene, cada año, un déficit imparable en sus cuentas de previsión social. Para 2003, las proyecciones indican, solamente en las cuentas del Gobierno federal, una diferencia de por lo menos 23.000 millones de reales (unos 6.900 millones de euros) entre lo que recauda de contribuciones sociales y lo que paga de pensiones a jubilados y sus cónyuges. Lo más impresionante es que un 78% de ese déficit es motivado por el sector público, aunque los jubilados y pensionistas del sector privado signifiquen un 80% del total. Y es que mientras un campesino trabaja hasta los 70 años para poder jubilarse con una pensión de 240 reales (70 euros), hay jueces que se jubilan a los 50 cobrando pensiones de 5.000 euros, y que en muchos casos llegan a 12.000. El máximo que un trabajador del sector privado recibe de jubilación es 700 euros. En el sector público, no hay límites. Pero eso, hasta ahora.

Ahora le toca al Gobierno la segunda batalla: la reforma tributaria. La intención de Lula es poner orden al baile. Sabe que enfrentará resistencias enormes. Muchos de los infinitos impuestos cobrados por el Gobierno federal son blanco de la codicia de gobernadores y alcaldes. En un país donde el fisco significa un 37% del PIB, es comprensible que cada uno trate de asegurar su tajada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 16 de agosto de 2003.

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