Barrientos insiste en que exigirá responsabilidades a sus socios de Gobierno

El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), insistió ayer en que no dudará en exigir responsabilidades a sus socios de gobierno que pertenecieron al GIL si del informe de Tribunal de Cuentas se deriva que causaron perjuicio al Consistorio por su gestión en ocho sociedades municipales entre 1995 y 1999. Barrientos se apresuró a lanzar esta advertencia tras la alarma causada en el seno del PSOE porque la noche del miércoles votó eximir de obligación a los ex ediles del GIL en la junta de otras dos sociedades.

La secretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, y el secretario de Organización de la ejecutiva regional, Luis Pizarro, recordaron ayer a Barrientos las condiciones bajo las que la dirección del partido aceptó el pacto con los cuatro concejales del Partido Estepona (PES) e IU y las exigencias de transparencia y obediencia al Tribunal de Cuentas y a los órganos judiciales a las que debe someter su gestión. Tres de los cuatro ediles del PES pertenecieron al GIL y formaron parte del equipo de gobierno entre 1995 y 1999.

Barrientos convocó por la tarde una conferencia de prensa en la que explicó que su voto contrario a la exigencia de responsabilidades a los ex ediles del GIL en las juntas de las sociedades municipales Estepona XXI Control Contable y Control de Servicios se debe a que ambas tenían una función "meramente instrumental, sin actividad económica" y que "en consecuencia no cabía ninguna exigencia posible". No explicó en tal caso por qué se sometió a votación, pero sí insistió en que en las otros ocho sociedades que sí han tenido actividad habrá "un análisis minucioso de los contenidos" del informe definitivo del Tribunal de Cuentas.

Anunció que, si de ese estudio se derivan que los ex administradores de dichas empresas hubieran causado perjuicio a las arcas municipales, exigirá "responsabilidades a quien haya que pedirlas, pese a quien pese y caiga quien caiga". Uno de estos ex administradores es el actual primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, que también lo fue durante los cuatro años que gobernó la ciudad Jesús Gil Marín.

Barrientos insistió: "Sería absurdo que hagamos algo distinto a lo que dice el Tribunal de Cuentas, cuya fiscalía actuaría además de oficio". También recordó que fue su propio partido quien promovió, junto a PP e IU, la iniciativa parlamentaria para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara la hacienda de Estepona y que incluso llevó el primer informe de éste al fiscal Anticorrupción.

En su informe definitivo, el Tribunal de Cuentas cifra en 24 millones de euros los gastos insuficientemente justificados por el Ayuntamiento entre 1995 y 1999, por lo que ha instado al Consistorio y a las sociedades municipales a "adoptar las medidas que considere necesarias para resarcir al municipio de los posible perjuicios y exigir las responsabilidades correspondientes".